Con nueve votos en favor y uno en contra de la ministra Margarita Luna, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo a diversos grupos empresariales que pretendían revertir pérdidas fiscales que ya habían utilizado en sus filiales, con lo cual tenían la posibilidad de hacer una doble deducción de impuestos.

Cálculos de fuentes hacendarias estimaron que si las empresas hubieran ganado el juicio, el fisco tendría que haberles devuelto 12,000 millones de pesos.

Además, se dejarían de recibir cerca de 7,000 millones de pesos que aún deben ser revertidos por empresas que no han aplicado correcciones requeridas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Ello, sin tomar en cuenta los intereses y actualizaciones, explicaron las fuentes.

El Palacio de Hierro, Clibe, Quetzal Pinturas, Gruma, Grupo Chedraui y Corporación GEO buscaban evitar la obligación de revertir deducciones que aplicaron a sus pagos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante la transición al régimen de costo de lo vendido entre el 2004 y el 2005.

La mayoría de los ministros apoyó la ponencia de José Ramón Cossío, que estableció que no existía acción de inconstitucionalidad. En la resolución se concluyó que no se transgredían los principios de equidad y legalidad tributaria como argumentaron por las sociedades controladoras.

DEBATE NUTRIDO

Después de un debate entre los ministros sobre los amparos directos en revisión, se determinó que el contribuyente no se encuentra expuesto a arbitrariedad alguna, porque se desarrolla claramente el proceso para determinar la base del impuesto a nivel consolidado y a diversos momentos en que se pierde el derecho a amortizar las pérdidas fiscales.

Sólo la ministra Margarita Luna sostuvo lo contrario, al argumentar que la doble deducción era procedente porque así lo estableció el Congreso, no obstante que se opone a los principios contables.

Hace siete años se hizo una reforma en la que se permitía a las empresas concentradoras, sujetas al régimen de consolidación fiscal, la opción de acreditar sus pérdidas fiscales o las de sus concentradas, acumulándolas a inventarios o disminuyéndolas de sus utilidades en ejercicios posteriores.

En el presente caso, la parte quejosa originalmente interpuso una demanda de nulidad en contra de la resolución negativa, a través de la cual la autoridad hacendaria sostuvo un criterio que, esencialmente, implicaba que cuando una sociedad controlada utilizaba sus pérdidas fiscales para la determinación del inventario acumulable, en los términos del artículo tercero del decreto legislativo de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta para el 2005, ello debería dar lugar a la reversión de las pérdidas, dado que éstas no se habrían disminuido al momento de determinar el resultado fiscal, sino para calcular un concepto diverso (el inventario acumulable).

Los grupos empresariales se ampararon porque consideraban que dicho criterio no resulta correcto, pues estima que el hecho de haber disminuido la pérdida, independientemente de que se haya utilizado para determinar el inventario acumulable y no en el cálculo ordinario de un resultado fiscal, de cualquier manera implicaba su disminución efectiva y no que hubiera perdido el derecho a disminuirla.

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