Roma.- El primer ministro Mario Monti, un católico que lucha por poner en orden la economía italiana acabando con antiguos privilegios como ventajas fiscales, está atacando a un objetivo improbable: su propia Iglesia.

El Gobierno de Monti emitió por la noche un comunicado diciendo que había informado a la Comisión Europea que aprobaría una ley poniendo fin a la exención de la Iglesia ante impuestos locales sobre las propiedades que utiliza con fines comerciales.

Las estimaciones sobre cuánto dinero puede suponer la medida para las arcas del Estado están entre los 700 millones de euros (908 millones de dólares) y más de 1,000 millones de euros.

La Iglesia italiana, que fue una institución estable y algunos dicen que intocable, se ha visto atacada por lo que algunos consideran privilegios injustos en un momento en el que Monti ha pedido a la sociedad que haga sacrificios sin precedentes como parte del plan de austeridad de "sangre y lágrimas" para evitar una crisis al estilo griego.

La Comisión Europea abrió en 2010 una investigación contra Italia para determinar si las exenciones fiscales a algunas propiedades de la Iglesia suponían ayuda ilegal del Estado y competencia desleal.

Un grupo de intelectuales y algunos partidos políticos, como el diminuto Partido Radical, han liderado una campaña para despojar a la Iglesia de exenciones fiscales sobre propiedades que no se utilizan exclusivamente como lugares de culto.

La Iglesia posee muchas clínicas privadas, hoteles y casas de huéspedes en todo el país, que disfrutan de ventajas fiscales porque parte de las instalaciones están ocupadas por sacerdotes o monjas o tienen una capilla para oraciones.

Eso ha dado lugar a una zona gris en la que muchas estructuras principalmente comerciales se acogen a la ley de exención religiosa.

El comunicado del Gobierno indicó que la propuesta a presentar en el Parlamento limitará las exenciones fiscales a estructuras "exclusivamente no comerciales". No señaló cuándo se presentaría el texto.

En el caso de uso mixto de los edificios, como hoteles dirigidos por monjas, la excepción se aplicará sólo a las partes de los edificios que no son comerciales, como capillas o residencias del clero, y será el Ministerio de Economía -no la Iglesia- quien decida cuál es cuál.

LÍDERES DE IGLESIA NO INFORMADOS

Aunque hace meses que hay contactos entre Gobierno e Iglesia, la decisión de Monti parece haber sorprendido a la jerarquía católica italiana.

" Estamos esperando a ver la formulación exacta del texto para ofrecer un juicio detallado", indicó en un comunicado la conferencia episcopal italiana.

La Iglesia Católica es uno de los mayores terratenientes del país, y si la Comisión Europea multara a Italia, Roma podría verse obligada a ordenar a la iglesia el reembolso del dinero por los impuestos sin pagar al Gobierno.

Aunque la ley podría afectar a todas las religiones, su impacto sobre las relativamente diminutas propiedades de las comunidades judía y musulmana sería insignificante.

La polémica sobre las ventajas fiscales eclesiásticas lleva años en el aire, pero ha crecido en los últimos meses, en especial después de que el Gobierno de Monti reinstaurara un impuesto local sobre las propiedad de domicilio habitual, que había abolido su predecesor, Silvio Berlusconi.

En un periodo de 48 horas desde que se aprobó en diciembre el paquete de austeridad, más de 130,000 personas firmaron una petición en Internet pidiendo que se despoje a la Iglesia de buena parte de sus exenciones fiscales para que pague su parte proporcional.

La Iglesia se resistió al principio, diciendo que las leyes fiscales debían tener en cuenta los beneficios sociales de muchas de sus actividades.

Pero cuando la austeridad comenzó a hacerse notar en los presupuestos de muchos italianos corrientes que se han visto obligados a pagar más impuestos y retrasar su jubilación, los líderes de la Iglesia italiana suavizaron su posición y dijeron estar dispuestos a negociar y rectificar abusos pasados.

RDS