México ha cumplido a medias con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI por su sigla en inglés) en materia de combate al lavado de dinero, entre las que se encuentra revisar las actividades de negocios no financieros, dedicados al financiamiento de bienes duraderos, como automóviles, mueblerías y joyerías.

Tampoco ha llevado a cabo ninguna supervisión por parte de las autoridades fiscales y penales al interior de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que establezca claramente las prácticas que deben realizar estos organismos para prevenir esta actividad ilícita.

El GAFI recomienda una mayor cooperación y coordinación entre las autoridades y los certificadores privados de cada país, en México son los notarios públicos.

Informa que estos servidores públicos deben tener la atribución legal de denunciar ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cualquier persona física o moral que trate de realizar una certificación notarial, con documentación falsa o con bienes que no tengan una procedencia legal comprobable, cosa que no se cumple.

Al revisar las recomendaciones emitidas en el 2008 por el GAFI, organismo dependiente del Fondo Monetario Internacional, que diseñó 40 sugerencias y medidas dirigidas al sistema financiero, expertos consultados precisaron que ha habido actualizaciones constantes en las propuestas, de acuerdo con las necesidades y amenazas que ha tenido el sistema.

Dentro de las recomendaciones del GAFI para México, se detectó que un desafío clave para el país es la falta de capacidad del personal y recursos del SAT para cumplir los requisitos de inscripción y supervisión contra el lavado de dinero, principalmente hacia los centros cambiarios y los operadores de remesas.

Este desafío se agrava por el creciente número de sofomes no reguladas (ENR) en la que participan en distintas actividades de financiamiento, por ejemplo, préstamos, arrendamiento y factoraje , destaca el documento.

Congelar recursos

En el mismo reporte, de más de 350 páginas, se establece que México debe tener leyes y procesos penales que prevean el congelamiento inmediato de los recursos a aquellas personas implicadas en delitos de lavado de dinero y a quienes ya se les inició un juicio, con el fin de evitar que puedan transferir los recursos a otra persona, mientras se lleva a cabo el juicio. Con esta medida, también se busca evitar que con ese dinero pueda fomentar la corrupción de las autoridades.

El reporte señala que las autoridades han obtenido sólo 29 condenas por delitos de lavado de dinero, desde que se contempló en el Código Penal Federal hace 20 años; mientras que durante el periodo 2004-2007, que son los datos más recientes consignados en el documento, la Procuraduría General de la República (PGR) formuló 149 acusaciones de lavado de dinero, pero sólo dos estaban relacionadas con los informes de la UIF, órgano especializado en este tema, dependiente de la SHCP.

El GAFI establece que actualmente, la UIF, que depende de la Secretaría de Hacienda, no tiene acceso directo a los registros de antecedentes penales debido a restricciones legales, y sólo puede solicitarlos después de abrir una investigación formal y reportarlo a la PGR, lo cual no permite una investigación sólida que sustente los casos penales ante tribunales.

El antecedente

El GAFI es un organismo intergubernamental constituido en 1989, cuyo objetivo es desarrollar y promover políticas internas e internacionales para combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

Este Grupo, integrado por especialistas en el tema de cada país, se dedica al desarrollo de recomendaciones que originen normas y leyes que sancionen actividades ilícitas.

Para tomar en cuenta

40 sugerencias ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al sistema financiero mexicano.

30 países son los paraísos fiscales, según la OCDE.

12,080 reportes de operaciones inusuales tiene registrados la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP.

25,000 millones de dólares es la estimación de los recursos que se lavan en México al año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Se modernizan prácticas de blanqueo de dinero

Además de las habituales prácticas de compra de inmuebles, vehículos, joyas, centros de apuestas y juegos de lotería, en últimas fechas ha surgido la práctica de cotizar de manera excesiva obras de artistas desconocidos o, incluso, de poco mérito artístico, entre otros recursos.

Operaciones inusuales

Las transacciones inusuales no concuerdan con las actividades de los clientes.

Aumenta el número de transacciones inusuales que deben reportar los bancos y casas de cambio a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. También tendrían que hacerlo centros joyeros y notarios públicos.

Las últimas acciones

Las nuevas normas para la compra de dólares fueron anunciadas el 15 de junio por la Secretaría de Hacienda como parte de la lucha contra el blanqueo de dinero, se trata de la medida más reciente adoptada por el gobierno de México.

Hasta US4,000 mensuales podrán recibir los bancos de los clientes para el cambio de divisas, en caso de no ser cliente podrá cambiar un máximo de 300 dólares en un día, hasta un tope de 1,500 dólares al mes.

Entre 19,000 y 29,000 millones de dólares anuales se calcula que ingresan a México en activos del narcotráfico, según un informe difundido por la Embajada de Estados Unidos.

El gobierno anunció la creación de un centro de fusión contra el lavado de dinero, en el que participarán diversas dependencias federales para investigar las operaciones ilícitas que se realizan en el país.

Tecnología. La Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda creará un centro de datos para extraer información de celulares y discos duros.

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