Para el siguiente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca obtener mayores recursos por parte de los contribuyentes sin subir o crear nuevos impuestos. Para ello, los dos factores más importantes serán el combate frontal a la evasión fiscal, la cual deja pérdidas recaudatorias bastante grandes, así como fortalecer el sistema tributario en un panorama donde la economía digital ha tomado fuerza.

El Paquete Económico que entregó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, contiene una miscelánea fiscal que propone una serie de modificaciones al marco tributario para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) logre la meta de 3 billones 499,425 millones de pesos, 2.0% mayor a los 3 billones 311,373 millones de pesos aprobados para este año.

El documento marca diversas propuestas que buscan modificar las leyes correspondientes a los gravámenes, como el IVA, el ISR e IEPS, además de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF). Los legisladores tendrán como fecha límite el 31 de octubre para discutir —primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado— la iniciativa y aprobarla.

Plataformas cobrarán IVA

La economía digital es uno de los grandes retos que enfrenta no sólo el fisco mexicano, sino también otros países. En México, de acuerdo con Hacienda, existe un bajo cumplimiento fiscal asociado a la prestación de servicios digitales proporcionados por proveedores que no residen en el país y también en el pago de los impuestos que se causan en las operaciones de compra y venta de productos y servicios que se realizan.

“Además de afectar los ingresos tributarios, genera competencia desleal para los proveedores nacionales de servicios digitales, dado que éstos sí están obligados a trasladar y enterar el IVA por los servicios prestados a los consumidores nacionales”.

Por lo anterior, Hacienda propone que las plataformas cobren el IVA a cuenta del vendedor o prestador del servicio, realicen la recaudación y el entero de los impuestos generados en dichas operaciones.

La dependencia aseguró que esto no supone la creación de un nuevo impuesto o el aumento de tasa de otro, sino más bien cobrar de manera adecuada los impuestos que causan esas transacciones.

Se calcula que gravar a las plataformas tecnológicas generaría un recursos adicional para el 2020 de 4,394 millones de pesos.

Esquema simplificado para vendedores

En México, una de las actividades comerciales que más ha crecido en los últimos años son las ventas al menudeo, conocida como multinivel o ventas por catálogo, y se estima que más de 2.5 millones de personas se dedican a esta actividad.

Por ello, se propone un “esquema simplificado de retención”, que consiste en determinar el ISR a pagar sobre la diferencia entre el precio de venta sugerido y el precio de compra. Así, refirió Hacienda, se fomenta la formalidad y se otorga certidumbre tributaria a estos vendedores.

“La medida propuesta reduce la carga administrativa de millones de personas que se dedican a vender de manera independiente, ya sea por mecanismo de venta directa o a través de catálogos”.

Impuesto a las calorías

Los cambios fiscales también contemplan actualizar las tasas de impuestos que se cobran por IEPS a los refrescos y cigarros para el siguiente año, ello para que la cuota cobrada no pierda su valor por efectos inflacionarios, lo cual dejaría mayores ingresos al erario.

En el caso del IEPS que se aplica a las bebidas saborizadas, Hacienda propuso que la cuota pase de 1.17 a 1.2705 pesos por litro, lo cual dejaría una recaudación extra  de 1,994 millones de pesos.

En el caso de los tabacos, la dependencia propuso que, a partir del siguiente año, la cuota de tabacos labrados sea de 0.4980 pesos, la cual reconoce la inflación generada durante el periodo del 2011 al 2019. Además de que esta cuota se sujete a una mecánica de actualización anual como sucede con las demás cuotas que se establecen en la Ley del IEPS. Lo anterior dejaría ingresos extras por 4,917 millones de pesos.

También propone que aquellos patrones que contraten personal que padezca de discapacidad puedan tener una deducción adicional de 25%, además de incentivos fiscales a los ejidos y comunidades.

En el caso de la subcontratación laboral, que ha generado espacios para la evasión fiscal, la SHCP propuso obligar a las empresas contratantes de servicios de subcontratación a retener y enterar al SAT el IVA causado en esa contratación.

Combate a la evasión

Uno de los temas centrales de esta administración es el combate contra la corrupción, el cual hace posible que exista la evasión y elusión fiscal, la cual representa 2.6% del Producto Interno Bruto (PIB) mexicano. Estas prácticas se dan, usualmente, a través de la comercialización de facturas falsas, en donde los contribuyentes logran evitar el pago de sus impuestos.

“Para dar una idea de la dimensión del problema, debe señalarse que la autoridad tributaria detectó que del 2014 al 2017 el número de empresas que facturan operaciones inexistentes aumentó seis veces; de las cuales, cada una emite facturas para alrededor de 50 empresas receptoras de dichas facturas, con un promedio de facturación de 5 millones de pesos para cada empresa que adquiere dichas facturas”.

Por lo anterior, el gobierno destacó la propuesta para equiparar la emisión de comprobantes falsos como delincuencia organizada, una modificación que espera entre en vigor en enero. Con esta modificación, estos delitos tendrían una penalidad más fuerte y quienes lo comentan serían acreedores a la prisión preventiva oficiosa.

“Dado que estas medidas elevan las sanciones, se espera que aquellos contribuyentes que practicaban la evasión fiscal decidan ya no realizarla. Cabe enfatizar que dichas medidas vienen acompañadas de la renovación de las áreas de fiscalización y control de la autoridad fiscal, basada en el uso de tecnología y herramientas de inteligencia artificial, que hacen más eficaz y rápida la identificación de evasores y de contribuyentes incumplidos, aumentando de manera significativa la percepción de riesgo”.

Asimismo, destacó la eliminación de las condonaciones fiscales mediante decretos presidenciales o cualquier otro tipo de disposición.

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