El gobierno español aprobó y remitió a las cortes para su tramitación los proyectos de ley que crean las tasas Google y Tobin, cuya previsión de recaudación rebajó de 2,050 millones a 1,818 millones de euros. Se trata de una proyección anual que este año se verá además reducida en el mejor de los casos a la mitad, ya que es difícil que sendos impuestos puedan estar en vigor mucho más de seis meses.

Según explicó María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz, los anteproyectos a los que se dio luz verde recuperan los textos que decayeron con la pasada legislatura, con la novedad de que la tasa Google, de liquidación trimestral, este año se pagará únicamente al final del ejercicio, medida con la que el Ejecutivo pretende esquivar las represalias de Donald Trump. Patronales como la CECA, el Círculo de Empresarios o Digitales alertaron que estos impuestos afectarán a la competitividad y al empleo y generarán deslocalizaciones. “De ninguna manera tendría que repercutir a los usuarios”, dijo Montero sobre la tasa Google.

La recaudación estimada ahora para la tasa Google es de 968 millones de los 1,200 millones de euros que preveía el gobierno, lo que achacó a “la ralentización de la economía” y al ejemplo de lo ingresado en otros países. Su liquidación será trimestral, pero este año el pago se efectuará alrededor del 20 de diciembre para dar mayor margen a la tasa a multinacionales que prepara la OCDE y ver el resultado electoral en EU. El impuesto afecta a empresas cuyo importe neto de su cifra de negocios supere los 750 millones de euros a nivel mundial y cuyos ingresos derivados de los servicios digitales superen los 3 millones de euros en España. El tipo de gravamen del impuesto es de 3% y se aplica a la publicidad e intermediación online y la venta de datos. Quedan excluidos los servicios financieros y lventas online de retail o textil.

Montero confirmó que el resto de previsiones de la tasa Google se mantienen: será deducible en sociedades y las prestaciones digitales realizadas entre entidades de un grupo con una participación, directa o indirecta, de 100%, quedarán exentas. El gobierno sostiene que es un impuesto indirecto, lo que Julio César García, socio responsable de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados, cuestiona y augura litigios por su colisión con sociedades.