El trabajo que realizaría el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en caso de que gane las elecciones, en materia de política financiera, sería orientada al desarrollo económico, con una regulación acorde con las necesidades de todas las instituciones del sistema financiero, en especial, de las de ahorro y crédito popular, las cuales en la actualidad, atienden a poco más de 10 millones de personas, indicó su equipo de trabajo.

Durante el foro “La Banca Social y el Desarrollo”, tanto Carlos Hernández, quien es parte del equipo de Carlos Manuel Urzúa, propuesto como titular de la Secretaría de Hacienda en caso de que gane Obrador, como María Luisa Albores, propuesta como encargada de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), explicaron que ambas dependencias deben ser más colaborativas para impulsar el sector de ahorro y crédito popular, pues en la actualidad, la regulación impuesta a las entidades de éste es excesiva y les impide avanzar en el tema de inclusión financiera.

“Tenemos una regulación financiera compleja, difícil, cara, que es poco sensible a los intereses y necesidades (de las entidades de ahorro y crédito popular); vamos a crear este proceso de revisión de normatividad (...) vamos a modificar la regulación para hacerla más ágil, más flexible y que sea acorde con sus necesidades”, detalló Hernández ante directivos de cooperativas de ahorro y préstamo, financieras populares y microfinancieras.

El representante de Urzúa afirmó que si bien no es necesario que se creen más leyes, lo primero que se tiene que garantizar es que se cumpla el actual marco normativo y de ahí partir para las modificaciones necesarias a cada sector y, además, se tendrán que evaluar periódicamente los resultados de la Ley Fintech e identificar aquellas cosas que podrían potencializar el sector popular.

“No es que se tengan más leyes pero sí que se cumpla el Estado de Derecho, si lo cumplimos evidentemente (las entidades populares) van a estar garantizando su operación como parte del sector social”, expresó Hernández.

Asimismo, Hernández reconoció que la normativa para cumplir con la regulación antilavado es pesada para las instituciones de ahorro y crédito popular; sin embargo, es algo que no se puede eliminar pero se analizará para saber cómo adecuarla a cada sector.

“Lo (relacionado con) lavado de dinero genera muchas presiones en su operación (...) evidentemente tampoco lo podemos abandonar, pero vamos a revisarla y establecer un proyecto en el cual tengan (las entidades populares) una supervisión adecuadas a sus necesidades”, añadió.

Juntar seguros

Hernández reveló que el equipo hacendario de López Obrador analiza si es necesario crear un solo seguro de depósitos para todos los ahorradores del sistema financiero, sin que esté fragmentado por tipo de institución, como sucede en la actualidad.

“Aquí no debemos pensar en los usuarios de servicios financieros como de primera o de segunda, los ahorros de todas las personas valen lo mismo y estamos contemplando que sean del mismo fondo”, explicó.

En la actualidad, los ahorradores de las instituciones bancarias tienen un seguro de depósitos de hasta 400,000 Udis (alrededor de 2.4 millones de pesos), mientras que en las cooperativas de ahorro y préstamo y financieras populares, éste es de hasta 25,000 Udis (poco más de 150,000 pesos).

Además, Hernández habló sobre la necesidad de reformar la banca de desarrollo: “La banca de desarrollo debería estar orientada a la gente, pero hoy no es así (...) queremos reorientar el papel de la banca de desarrollo para que se pueda potencializar lo que los intermediarios populares hacen”.

Tanto Hernández como Albores coincidieron en empoderar más al Instituto Nacional de Economía Social, a cargo de Sedesol, para instrumentar la política del sector social en favor de las instituciones que son parte del mismo, como las cooperativas, con el fin de potencializar el desarrollo en especial de las zonas rurales.