Pierre Moscovici, comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, cree que la finalización del tercer programa de rescate de Grecia el próximo verano permitirá "pasar página tras un doloroso capítulo, iniciando la historia de Grecia como un miembro estable y próspero de la eurozona". Descartó un nuevo programa de rescate -"ni lo queremos ni lo necesitamos"- e indica que las instituciones europeas pasarán a adoptar un rol de vigilancia que permitirá a los griegos diseñar "su propia estrategia de crecimiento".

La decisión sobre final del rescate y el diseño de este programa posterior se tomará en el Eurogrupo del próximo 20 de junio, donde también se debatirá la reestructuración de la deuda griega. Moscovici defendió medidas para vincular "la devolución de la deuda griega con el crecimiento de su economía", no se manifiesta sobre si será necesaria una quita de deuda como la que reclama el FMI.

"TENEMOS HASTA EL PRÓXIMO JUNIO PARA LA REFORMA DEL EURO"

Otra de las prioridades de la Comisión Europea (CE) es la reforma del euro para profundizar en la unión monetaria y evitar algunos de los errores que agravaron la última crisis. "La ventana de oportunidad es pequeña, tenemos desde ahora hasta el próximo mes de junio", apremió Moscovici.

Su intención es aprovechar la inercia positiva tras los resultados de las últimas elecciones, por lo que el comisario aplaude la formación de Gobierno en Alemania y la reactivación de la cooperación franco-alemana que se plasmará en la cumbre que Macron y Merkel celebran en París. Pero el horizonte temporal está limitado por las elecciones al Parlamento Europeo en el 2019 y la posterior renovación de la Comisión.

Las prioridades de los ministros de Economía para el corto plazo son "reformar el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y completar la unión bancaria". Sin embargo, las discusiones mantenidas hasta ahora demuestran que "todavía no existe suficiente acuerdo". Esto se debe a que algunos países del norte como Alemania u Holanda consideran que los Estados del sur no han saneado suficientemente sus sistemas financieros como para estar dispuestos a compartir los riesgos. Por ello han establecido nuevas exigencias antes de aprobar el fondo de garantía de depósitos común para los países del euro.

Donde existe más consenso es en la transformación del MEDE en un Fondo Monetario Europeo, que facilite una intervención más rápida y eficaz en los países en crisis; sirviendo también para proporcionar crédito al Fondo Único de Resolución cuando tenga que intervenir en un banco quebrado.

Pero Moscovici sostuvo que la reforma del euro no debe limitarse a estos dos aspectos concretos, sino que los países de la eurozona "tienen que ser más ambiciosos". Entre los retos de futuro para este proceso, apuntó a "reforzar y democratizar el gobierno de la zona euro".

RESPUESTA FIRME A LOS ARANCELES DE EU

"Todos pensamos que las guerras comerciales son malas, nadie gana y todo el mundo pierde", señaló Moscovici en una entrevista con Expansión y otros medios europeos.

Entre otras, la prioridad en Bruselas sigue siendo encontrar una solución dialogada que evite que la Unión Europea se vea afectada por unas medidas que entrarán en vigor ya la próxima semana. Pero el comisario avisa: "Si no encontramos una solución mediante el diálogo, tendremos que actuar". La reunión celebrada esta semana sirvió para que la Comisión Europea consensúe con los ministros de Economía de la UE las "contramedidas" con las que responderá a la subida arancelaria de Trump. Y Moscovici destaca que todos están de acuerdo en que "no la podemos aceptar, debemos dar una respuesta firme, proporcionada y unánime".

Según explicó, en Bruselas ya se ha confeccionado "una lista de productos" exportados por Estados Unidos a los que se podrían retirar las facilidades de acceso al mercado europeo. Se trata de productos industriales, acero, zumo de naranja, crema de cacahuete o bourbon; sobre los que se podría aplicar un arancel de hasta 25 por ciento.

CONTRA LA ELUSIÓN FISCAL

Otra de las prioridades de Moscovici para el último año de su mandato es la lucha contra la evasión y la elusión fiscal de algunas multinacionales, sobre todo los nuevos gigantes del entorno digital. Se trata, enfatiza, de "un asunto de importancia mundial, del que están pendientes ciudadanos y empresas".

El último Ecofin supuso un nuevo paso adelante al establecer la obligación de que los asesores fiscales informen a los Estados sobre las acciones sospechosas de las empresas. Este acuerdo se ha alcanzado en un tiempo récord, lo que según el comisario de Asuntos Económicos muestra que existe una "voluntad política" que pide que se traslade al resto de medidas impulsadas desde la Comisión.

El próximo paso será una propuesta para mejorar la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas digitales, que el propio Moscovici presentará "el próximo miércoles", según revela en el transcurso del encuentro. En esta iniciativa se establecerán criterios para medir la actividad de estas compañías en cada país, para evitar que declaren la mayoría de sus beneficios en los Estados con una fiscalidad favorable. Esto perjudicaría a algunos socios continentales como Irlanda, a cuyo Gobierno el comisario francés reclama "una actitud más cooperativa de lo que se espera".

Esta mensaje refleja el fuerte debate que existe dentro de la UE para que algunos Estados adopten políticas fiscales más agresivas. El dirigente comunitario destaca que todos los actores de la economía, incluidas las grandes empresas industriales y tecnológicas, están de acuerdo en que establecer una "base común del Impuesto de Sociedades es una medida estructural para tener un sistema impositivo para las empresas propio del siglo XXI". Según explica, el marco actual "está diseñado para una economía que ya no existe, de ámbito nacional e industrializada".

El comisario francés también lamenta la falta de "voluntad política" para la puesta en marcha del impuesto sobre las transacciones financieras. "Esta tasa se puede aprobar ya si los ministros quieren, pues todo el trabajo técnico está hecho", indicó.

También reclamó a los Estados miembros que "definan sus sanciones" contra los países que están en la lista negra de paraísos fiscales. Aunque "estar en la lista ya les lleva a adoptar algunos compromisos", la Comisión Europea quiere "aumentar la presión" con penalizaciones que debe definir cada país.