Una junta federal de control de Estados Unidos aprobó su versión de presupuesto para Puerto Rico, luego de que el gobierno de la isla no lo hizo. Muchos esperan que la medida conduzca a una batalla judicial mientras el territorio de Estados Unidos lucha contra medidas de austeridad, alegando que empeorarán una recesión de 11 años.

La junta dijo que aprobó un presupuesto de 8,760 millones de dólares, que entró en vigencia el domingo, después de que los legisladores locales no presentaron un proyecto de presupuesto antes del plazo del 30 de junio, en cumplimiento con un plan fiscal aprobado recientemente.

El presupuesto aprobado recortó el gasto gubernamental en 345 millones de dólares, incluso un recorte de 24 millones de dólares para la Legislatura, que ahora operará con 111 millones de dólares para el año fiscal 2019.

El presupuesto cumple con un plan fiscal que exige medidas de austeridad, entre ellas un fuerte aumento en la matrícula en la universidad pública más grande de Puerto Rico y recortes profundos a las vacaciones y días de enfermedad de los empleados.

Puerto Rico ha estado tratando de reestructurar una parte de su deuda pública de 70,000 millones de dólares mientras lucha por recuperarse del huracán María. Más de 2,000 clientes del servicio eléctrico siguen sin el servicio, más de nueve meses después de que el meteoro de categoría 4 azotara Puerto Rico, causando daños calculados en un más de 100,000 millones de dólares.

Un portavoz del gobernador Ricardo Rosselló no contestó de momento un mensaje en busca de declaraciones. El desacuerdo sobre el presupuesto es el enfrentamiento más reciente entre las autoridades de Puerto Rico y una junta que supervisa las finanzas de la isla.

Rosselló había dicho recientemente a la junta que, a cambio de ciertas concesiones, su administración aceptaría una política laboral que permitiría a los empleadores privados despedir a los trabajadores en cualquier momento sin tener que probar una causa justa. Sin embargo, los legisladores rechazaron la medida, que la junta había dicho que habría ayudado a estimular la economía de la isla al atraer a más inversionistas.

Como resultado, la junta directiva dijo el viernes que descartaría un bono anual de Navidad para todos los empleados del gobierno a partir del próximo año fiscal, eliminaría un fondo de becas de 25 millones de dólares para la universidad pública más grande de Puerto Rico y cancelaría un fondo anual de 50 millones de dólares para las ciudades y pueblos que luchan contra las secuelas de María.