El Ejecutivo controlado por Movimiento 5 Estrellas (M5E) y la Liga Norte (LN) mantiene el mismo borrador de plan presupuestario para el 2019 que la Comisión Europea y el resto de socios del euro habían rechazado.

El ministro de Finanzas Giovanni Tria remitió una carta al comisario Pierre Moscovici y al vicepresidente Valdis Dombrovskis, en la que mantiene las premisas de incremento de gasto y reducción de ingresos para el 2019. En ella hace apenas dos concesiones, pero ambas tienen muchos números de ser consideradas cosméticas por la Comisión.

La primera es un plan de privatizaciones para reducir deuda equivalente a 1% del Producto Interno Bruto (PIB), (unos 17,000 millones de euros). La segunda es una serie de salvaguardas para garantizar que el déficit público no sobrepasa 2.4% del PIB fijado.

Pero no parece que estas medidas tengan la suficiente enjundia como para frenar un expediente presupuestario a Italia. En cuanto a las privatizaciones, en Bruselas siempre han sido bastante escépticos con que estas alcancen las cifras de recaudación previstas, pero, sobre todo, no suponen un ajuste estructural del déficit sino que son una medida extraordinaria y no recurrente. Sobre las salvaguardas, la Comisión ya cree que ese 2.4% vulnera con creces los objetivos fijados según las normas fiscales europeas.

Roma envió un borrador presupuestario a Bruselas el pasado 15 de octubre que planteaba un incremento neto de gasto estructural de 10,000 millones de euros, en lugar de la reducción de más de 14,000 millones de euros que exigían las normas europeas.

Esta diferencia de casi 25,000 millones de euros, según los cálculos de la propia Comisión, no tiene precedentes en la historia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea y se une al elevado nivel de deuda italiano, superior a 130% del PIB, y a sus anémicas perspectivas de crecimiento.

Todo ello forzó un movimiento inédito por parte del Ejecutivo comunitario: el rechazo de ese borrador presupuestario y la solicitud de otro nuevo en un plazo de tres semanas.

La decisión de la Comisión fue respaldada la semana pasada por 18 ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (todos menos Italia), en la reunión del Eurogrupo celebrada en Bruselas.

Este martes se cumplieron las tres semanas y en torno a la medianoche fue cuando el gobierno italiano respondió con una carta.

Desde que el Ejecutivo europeo rechazó las cuentas provisionales italianas, Bruselas y Roma han negociado en varios niveles, pero no ha trascendido ningún progreso significativo de ese diálogo.

La opinión de la Comisión Europea sobre los planes presupuestarios de los 19 países de la zona euro se espera para finales de noviembre, probablemente el día 21. Allí se debería pronunciar sobre los riesgos de incumplimiento de cada uno de ellos.

Si la opinión de Bruselas es negativa, podría iniciar los trámites para incluir a Italia en el procedimiento por déficit excesivo, una especie de unidad de cuidados intensivos fiscales en la que, tras 10 años de crisis del euro, sólo queda España.

Este camino podría llevar a un expediente sancionador a mediados del año que viene, aunque el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici lleva semanas tratando de enfriar la tensión, asegurando que los castigos económicos no son santo de su devoción.

De momento, la estrategia de la Comisión Europea y del Eurogrupo es continuar con el proceso que podría llevar eventualmente a una sanción, pero sin precipitarse. Ir aumentando poco a poco la presión política, pero sin estridencias, para evitar que el gobierno de M5E y LN capitalice un eventual choque frontal Roma-Bruselas con su retórica euroescéptica. En mayo del año que viene, hay elecciones del Parlamento Europeo y el momento político es especialmente delicado.

La idea, en su lugar, es delegar buena parte de la presión en los mercados, que el Tesoro italiano note en cada emisión de deuda que los inversionistas recelan de sus planes y que eso se traduzca en subidas de la prima de riesgo.