La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) asume que la actividad económica presenta riesgos a la baja en un contexto de incertidumbre electoral y debilidad institucional.

Los cinco miembros del cuerpo colegiado incorporaron en su decisión de subir la tasa a 7.75% el hecho de que “la delincuencia e inseguridad pública son un desafío al monopolio de la fuerza del Estado”.

Destacaron que a últimas fechas, “la inseguridad pública se ha recrudecido incluso en la Ciudad de México, lo que podría suponer que ya no se trata de un fenómeno geográficamente aislado”.

En la Minuta 60 del banco central, correspondiente al anuncio monetario de junio, refieren que uno de los miembros de la Junta consignó que “la creciente inseguridad pública ya ha afectado la actividad productiva del país”.

La inseguridad pública ha sido un factor de preocupación también para los especialistas del sector privado que, desde febrero del 2014, la ubicaron a la cabeza de los cinco principales limitantes del crecimiento según la encuesta mensual del Banxico y se ha mantenido como un constante factor de preocupación para los participantes de la encuesta, desde entonces.

El mismo banquero central referido en la minuta agregó como otro factor de riesgo adicional, “la posibilidad de modificaciones futuras en la postura fiscal, que pudiera deteriorar la percepción de riesgo soberano”.

En aquella reunión, que se efectuó 10 días antes de las elecciones presidenciales, advirtieron que podría presentarse la postergación de proyectos de inversión o una reducción del gasto en consumo, resultado de la incertidumbre asociada al proceso electoral y poselectoral, así como la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Inflación podría no llegar a 3% ni en el 2019

Los miembros de la Junta decidieron subir la tasa a un nivel no visto desde el 2008, porque observan que hay riesgos al alza que podrían presionar a la inflación.

En caso de que persistan presiones como son la mayor depreciación cambiaria, los incrementos en los precios de la gasolina y el gas LP, o bien, la ampliación de productos sujetos a medidas arancelarias se acrecentará el riesgo de que la inflación presente un ritmo más lento en su ritmo de convergencia al objetivo.

Uno de los miembros de la Junta detalló que la perspectiva de una negociación prolongada del TLCAN podría implicar un nivel de tipo de cambio por encima de lo previsto para el resto del año, lo que será un claro riesgo al alza para la inflación que ha comenzado a materializarse.

“La mayoría” mencionó el efecto que también podrían tener los aranceles impuestos a algunos productos e insumos importados de Estados Unidos “si bien el impacto sobre la inflación (...) se estimó que será acotado y de corta duración”.

Uno más consideró que el impacto en la inflación podría ser mayor conforme se vaya ampliando la lista de productos sujetos a dichas medidas arancelarias.

Otro más consideró que la depreciación del peso podría tener un impacto más prolongado.

El gas sigue presionando

La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno enfatizó que la inflación siguió disminuyendo hasta mayo. Pero algunos señalaron que la inflación general moderó el ritmo con el que venía cayendo desde  enero pasdo.

De hecho, la mayoría señaló que la disminución fue contrarrestada en parte por incrementos en los precios de las gasolinas y el gas LP.

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