Durante el primer cuatrimestre del año, el balance general del gobierno federal presentó un déficit por 90,820 millones de pesos, el más alto que se haya registrado desde 1990 para un periodo similar.

Este déficit contrasta con el superávit que registró el gobierno en los primeros cuatro meses del 2017 por 340,425 millones de pesos, el cual se debió principalmente al remanente de operación que recibió el gobierno por parte del Banco de México (Banxico).

De acuerdo con las cifras que registra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el déficit de este año se debió a que el gobierno gastó 1.4 billones de pesos, un incremento de 9% respecto de lo registrado en los primeros cuatro meses del 2017; mientras que sus ingresos fueron por 1.3 billones de pesos, lo que significó una reducción de 20.1% en términos reales y respecto del año anterior.

Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), consideró que al ser el último año del sexenio, y sobre todo por ser un año electoral, el balance general empieza a registrar picos de gasto que no son proporcionales a los ingresos que genera.

“Es un problema grave de las finanzas públicas que sin duda tiene que cambiar, se debe buscar la forma de cerrar la llave al gasto público en periodos electorales”, dijo en entrevista.

Explicó que el desbalance que presenta el gobierno se debe en gran medida a que se “usó demasiado la tarjeta de crédito y hoy tiene que pagar no sólo la deuda, sino intereses”.

A su parecer, la estrategia del actual gobierno de endeudarse para sacar adelante las reformas estructurales no fue la mejor, pues ya no habrá espacio para impulsar otras reformas que se requieren con urgencia en el país.

Próximo gobierno, con mayor disciplina en gasto

El director del Imco indicó que el próximo presidente, junto con el Congreso, debe tener como prioridad no aumentar el gasto público, ni tampoco endeudarse más, ya que ello pondría en alerta a las principales calificadoras.

“El próximo gobierno debe tener muy en claro que el margen de endeudamiento del país es cada vez menor (...) México se mueve en un cuadrante donde los mercados financieros nos están viendo con cautela, por lo que se tiene que ser responsable en cuanto al gasto y deuda”.

Refirió que la siguiente administración debe preocuparse más por mejorar la estructura del gasto público, en vez de seguir gastando de más. Aseguró que no se puede pensar en una nueva reforma fiscal sin antes haber mejorado la estructura del gasto público.

Criticó la estrategia de hacer un Presupuesto Base Cero —que impulsó Luis Videgaray cuando fue secretario de Hacienda— pues realmente no se tiene un espacio fiscal para replantear la forma en que se gasta.

“Alrededor de 93% del gasto público se tiene comprometido entre articulaciones a estados, pensiones, pago de deuda y atención a la pobreza, es decir, sólo se tiene un espacio fiscal de 7% para hacer cambios, lo cual no es significativo”.

Gasto no programable absorbe 32%

Las estadísticas de Hacienda muestran que, del gasto total que realizó el gobierno federal en los primeros cuatro meses del año, 32% lo absorbe el gasto no programable, es decir, aquellos recursos que se destinan al costo financiero de la deuda, participaciones estatales y los denominados adefas (adeudos de ejercicios fiscales anteriores).

Del costo financiero de la deuda que incluye comisiones, intereses y amortizaciones por endeudamiento, el gobierno destinó 105,257 millones de pesos, lo que significó 23.9% más de lo que hizo en el primer cuatrimestre del 2017.

“Ese es el efecto de usar tanto la tarjeta de crédito y otro problema que genera más deuda es que el gobierno asumió el pago de pensiones de organismos como Pemex y CFE, entonces, hemos generado y exacerbado las inequidades de nuestra sociedad a través del gasto público, por lo que sí tenemos que repensar ese tema”.

Concluyó que establecer un techo de déficit para evitar mayor endeudamiento en el país no sería la opción más viable, sino que se debe replantear una mejor estructura del gasto que permita ejercer bien los recursos y con transparencia.

elizabeth.albarran@eleconomista.mx