La extinción de los fondos y fideicomisos públicos sin estructura orgánica y mandatos es un tema vigente en la agenda del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a raíz de la reciente controversia surgida en la Cámara de Diputados sobre la eliminación de cinco de los 384 que actualmente existen y con los cuales se espera un ahorro de 15,400 millones 730,919 pesos, se abre el debate sobre su funcionalidad.

Se calcula que los saldos, hasta el 2019 de todos los fideicomisos y fondos públicos de la Administración Pública Centralizada, al igual que aquellos pertenecientes al poder Judicial y a los organismos autónomos, suman cerca de 740,283 millones de pesos.

Entre los cinco fondos y fideicomisos que se plantea eliminar están el de Fideicomiso Programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras,  creado como parte de un acuerdo con la red de comercio exterior y agentes aduanales para cobrar un monto determinado, en los pedimentos aduanales. El año pasado este fideicomiso contaba con 2,271 millones de pesos.

También está en la mira el Fondo de la Financiera Rural, con  recursos por 11,627 millones de pesos, que tiene como objetivo impulsar el desarrollo de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas las demás actividades económicas vinculadas al medio rural, con la finalidad de elevar la productividad, así como de mejorar el nivel de vida de su población.

Asimismo, se busca desaparecer el Fondo Nacional de seguridad para cruces viales ferroviarios, que tiene como objetivo financiar la construcción, mantenimiento y operación de la señalización, los sistemas de alerta y de obstrucción de tráfico automotor y peatonal en los cruces viales ferroviarios. Sus recursos son de 138 millones de pesos.

Mientras que el Fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la Industria Energética, contabiliza 1,219 millones de pesos y busca promover el desarrollo y la competitividad de los proveedores y contratistas locales y nacionales de la Industria Energética.

Por último, se plantea desaparecer el Fondo de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos, que cuenta con 146 millones de pesos, y el cual se otorga un apoyo social en los términos establecidos en esta Ley a los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos que hayan prestado sus servicios en Estados Unidos entre 1942 y 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus cónyuges o a los hijos o hijas que sobrevivan.

Los fideicomisos públicos son herramientas financieras que el Estado constituye para impulsar determinados fines de interés público. Tanto su estructura como su regulación hacen complejo el seguimiento al uso de los recursos públicos involucrados.

En los fideicomisos intervienen diversos sujetos de derecho, que pueden pertenecer a distintos ámbitos públicos. Además, son figuras que se siguen regulando por disposiciones de derecho privado —como leyes financieras, bancarias, mercantiles—, y están sometidas a  disposiciones de derecho público —como la Ley General de Transparencia y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Se ha advertido que la complejidad técnica de esta figura jurídica ha permitido que los recursos públicos que se ejercen a través de los fideicomisos sean usados de manera discrecional, con poca transparencia y muy limitada  rendición de cuentas. Esto también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos  públicos, que se ingresan a fideicomisos opacos o privados, y así evitar la rendición de cuentas.

En la Cámara Baja el proyecto que buscaba eliminar los cinco fondos y fideicomisos fue detenido. Se espera agregar, por lo menos, otros 39 correspondientes a temas como apoyo a investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, el Cinvestav, los colegios de la Frontera Sur y Norte, así como centros de investigación de diversos estados, anunciaron legisladores de Morena.

Según el dictamen inicial, suprimir los 44 fideicomisos permitiría reasignar recursos para la federación hasta por 36,058 millones de pesos.

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