El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto heredará a la siguiente administración finanzas públicas muy presionadas ante el poco margen de maniobra que tiene, pues si bien se logró reducir la deuda en el 2017, más de 80% del gasto se tiene comprometido entre participaciones, pensiones y el costo financiero de la deuda, coincidieron expertos.

“El margen de maniobra en el gasto es complicado, más de 60% está comprometido con costo financiero y pensiones (...) si realmente buscan cumplir sus promesas de campaña, independientemente de quién gane, ello implicaría alertas para las calificadoras”, expuso James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco.

Mencionó que, si bien los tres candidatos a la presidencia más importantes plantean reducir el gasto público, no han dado cifras claras de cómo mantendrán solventes en el mediano y largo plazos las finanzas públicas del país.

Dijo que, si el actual gobierno cumple con sus objetivos de cerrar este año con otro superávit primario y reducción en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público —la medida más amplia de la deuda—, el próximo gobierno tendrá unas finanzas públicas encaminadas a buscar la consolidación.

Pensiones, intereses y participaciones absorben más de 30%

En el 2017, se destinaron 2.02 billones de pesos al pago de participaciones a estados y municipios, pensiones y al costo financiero de la deuda, lo que representó 39% del gasto neto total que fue de 5.1 billones de pesos.

Lo anterior contrasta con el primer año de gobierno de Peña Nieto, pues por estos mismos tres rubros se pagaron 1.3 billones de pesos, lo que significó 31% del gasto neto total que fue por 4.2 billones de pesos.

“El gasto público tiene una serie de rubros que no se pueden modificar, como las participaciones a estados que, por ley, se establece que, de la recaudación que se tenga de impuestos, una parte se le tiene que dar de manera obligatoria a los estados”, explicó el economista Jonathan Heath.

Calificó de “romántica” la idea de que acabar con la corrupción ayudaría a generar grandes ahorros al gobierno para poder destinar más recursos a la inversión y otras necesidades.

Comentó que lo que sí debe hacerse es eliminar aquellos programas sociales que son considerados por el Coneval como ineficientes o que no cumplen con su objetivo para el que fueron hechos.

Criticó que, en este sexenio, el gasto público llegara a niveles récord; sin embargo, no contribuyó a un mejor crecimiento ni a la reducción de la pobreza porque fue un gasto ineficiente.

Ayudó remanente de operación

Guillermo Zamarripa, director de la Fundación de Estudios Financieros (Fundef), aseveró que, si bien la deuda logró reducirse como porcentaje del Producto Interno Bruto, fue muy poco y se debió en gran medida al remanente de operación del Banco de México por más de 300,000 millones de pesos.

“En los primeros cuatro años de gobierno de Peña, las finanzas públicas vivieron un escenario complicado por el incremento en el precio del petróleo y por el endeudamiento, en los siguientes dos años esta tendencia se frenó”, dijo.

Insistió en que la reducción de la deuda se debió a dos cuestiones: la primera es que entre el 2016 y el 2017 la deuda externa se vio favorecida por un mejor tipo de cambio, mientras que la segunda fue justamente la entrega del remanente del banco central.

Agregó que en este año no se espera recibir remanentes, entonces se prevé que se dejen unas finanzas públicas no óptimas, pero al menos no habrá un endeudamiento.

“El problema es que, en este escenario, de cualquier cosa que le muevas de más gasto o menos impuestos, lo que vamos a tener es una tendencia como la que se vio en los primeros cuatro años de este gobierno. Lo veo bastante complicado porque se prometieron menos ingresos y más gastos”, expuso.

Los expertos concluyeron en que el nuevo gobierno se debe concentrar en mantener una disciplina fiscal que no ponga en riesgo las finanzas públicas del país.