La Reserva Federal (Fed) dio este miércoles el primer paso para relajar la norma Volcker, promulgada en el 2010 por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama (2009-2017), que prohíbe a los grandes bancos realizar actividades especulativas de riesgo con los fondos de sus clientes en busca de su propio beneficio.

"Las agencias responsables de implementar esta regla ven muchas oportunidades para simplificarla y mejorarla de manera que permita a los bancos realizar las actividades apropiadas sin una carga excesiva y sin sacrificar la seguridad y la solidez", dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la reunión del organismo.

De acuerdo a la propuesta, la entidad reguladora pretende dar más flexibilidad a los bancos con entre 1,000 y 10,000 millones de dólares en activos y pasivos, mientras que aquellos con más de 10,000 millones afrontarán unas expectativas "más altas" bajo la revisión de esta regla.

Estas dos categorías comprenden unos 40 bancos y 98% del total de la actividad comercial del sector financiero estadounidense, según datos de la Fed.

Entre otras medidas, la propuesta también eliminaría el hecho de que cualquier acción, derivado u otra inversión realizada o adquirida por los bancos y que posean por menos de 60 días sean consideradas de su propiedad.

"El objetivo tras de esta propuesta es sencillo: simplificar y adaptar la regla Volcker a nuestra experiencia con su puesta en práctica", dijo el vicepresidente de la Fed en temas de regulación bancaria, Randal Quarles.

El plan sugerido este miércoles por la Fed entró en un periodo de 60 días para comentarios y aportaciones públicas que determinarán el estado final de esta sección de la Ley Dodd-Frank, que fue reformada la semana pasada por el gobierno del presidente Donald Trump.

La Fed apuntó que se espera que durante la próxima semana varias agencias federales, incluyendo la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por su sigla en inglés), envíen sus sugerencias al respecto.

La primera versión de la norma Volcker, que fue diseñada como consecuencia de la grave crisis que sacudió al país en el 2008, entró en vigor a finales del 2013 para dar inicio a una nueva era de supervisión financiera por parte del gobierno federal y limitar la capacidad de toma de riesgos de los principales bancos del país.