El revés que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a la prisión preventiva oficiosa, en delitos de materia fiscal, tendrá una afectación en la percepción de riesgo del contribuyente, lo que podría tener impacto en la recaudación de impuestos, consideró Carlos Romero Aranda, procurador Fiscal de la Federación.

En entrevista con El Economista, el funcionario destacó que respeta plenamente la decisión que tomó la Corte, el pasado 25 de octubre, en donde declaró inconstitucional este tipo de prisión por defraudación fiscal, contrabando, así como por la venta y compra de facturas falsas; sin embargo, dejó claro que no concuerda con la acción.

“Nosotros somos totalmente institucionales y respetamos plenamente la resolución de la SCJN, aunque debo decir que no estamos de acuerdo. Nosotros peleábamos otra postura y defendíamos la reforma fiscal”, dijo.

Explicó que con la reforma fiscal penal se elevó la percepción de riesgo de los causantes, lo cual llevó a que varios de ellos se regularizaran ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y pagaran sus impuestos.

Lo anterior ayudó a que el año pasado la recaudación de impuestos no se viera afectada, en medio de la crisis económica por el Covid-19 y, contrario a lo que pasó con la economía que cayó 8.5%, los ingresos tributarios lograron crecer 0.8 por ciento.

La decisión de la SCJN no cambia el objetivo de ir tras aquellos que defraudan al fisco. Romero Aranda explicó que aún podrán pedir prisión preventiva justificada –cuando se considera que otras medidas cautelares son insuficientes para el procedimiento– y,  en caso de no darla, se pedirán otro tipo de acciones, como quitar pasaportes a quienes se van a investigar para evitar que salgan del país.

“Quitar la prisión preventiva quita la percepción de riesgo, es decir, da la impresión de que no pasa nada, de que no hay consecuencias. Esa es ahora la percepción que queda, lo que hace que la gente se la juegue y no pague (…) Nosotros vamos a seguir nuestra lucha y nada nos va a detener para tratar de eliminar, lo más posible, la defraudación fiscal en nuestro país”, aseveró.

Falso que afecte a los que menos tienen

Luego de darse a conocer el fallo de la Corte, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, consideró que la prisión preventiva oficiosa afecta a personas de escasos recursos. “Se trata de una condena sin sentencia que, por lo general, castiga la pobreza”, argumentó.

Sin embargo, Romero Aranda negó que en materia fiscal este sea el caso. Recordó que, de acuerdo con la reforma fiscal penal, esta medida cautelar se aplicaba sólo para aquellos que facturaran 8.6 millones de pesos o más, lo cual significaría que declararon un gasto de 24 millones de pesos. 

“Tienes que ver con quién nos estamos enfrentando. Estos no son delitos de gente de escasos recursos, son de delincuentes de cuello blanco. Esta prisión preventiva era para ellos”.

Explicó que, como la reforma empezó a aplicarse en el 2020, apenas este año, con las declaraciones anuales de los contribuyentes, se empezaron a armar los casos, por lo que no hay asuntos donde se hubiera solicitado esta medida cautelar.

Si los condenan, pisarán la cárcel

“Eso no significa que la gente no va a estar en la cárcel y no va a pagar, sino que simplemente no va a llevar el proceso en la cárcel, sino en libertad y, al final de cuentas, si se le condena en una sentencia, va a tener que pisar la cárcel, impunidad no va a haber”, alertó.

Antecedente

Desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia se habló mucho del combate frontal contra la evasión fiscal, sobre todo en aquella que se hace a través de la compra y venta de las llamadas facturas apócrifas.

Por ello, en el 2019 se presentó, discutió y aprobó la llamada reforma fiscal penal, en la cual se consideró a la defraudación fiscal como delincuencia organizada y la emisión de facturas falsas se castigaba con prisión preventiva oficiosa. Las modificaciones entraron en vigor en el 2020.

Esta reforma causó gran revuelo ya que, para muchos fiscalistas y contadores, fue catalogada como “terrorismo fiscal” que se usaba contra los contribuyentes, y con lo cual se podría afectar a aquellos que son cumplidos.

Hace algunos días se presentó en el pleno de la SCJN un proyecto sobre las acciones de inconstitucionalidad que fueron promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como diversos integrantes del Senado, el cual se aprobó. Cuando se presentó el proyecto, Margarita Ríos-Farjat, ex jefa del SAT,  fue una de las dos ministras que defendió la prisión preventiva oficiosa.

ana.martinez@eleconomista.mx