Se deben reconocer las necesidades de la población para poder pensar en sus derechos y luego en las exigencias tributarias, considera el nuevo presidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Luis González Ortega.

Entrevistado por El Economista, dice que salud y educación son dos grandes deudas que tiene el Estado mexicano con la sociedad. Sobre esa realidad, advierte que será muy difícil que una propaganda con orientación fiscal otorgue beneficios en el corto plazo.

¿Cuál es el reto del contador frente a la relación electrónica con el fisco?

Uno de los objetivos primordiales del SAT es incrementar la recaudación, por lo que están robusteciendo sus controles de fiscalización mediante el uso de tecnologías que les permitan supervisar las actividades cotidianas de los ciudadanos.

La función del profesional contable será entonces insertarse en una disertación sobre lo que su juicio profesional le dicte, puesto que el contador no es un coadyuvante del fisco federal ni tampoco es ni debe ser un encubridor de prácticas fiscales ilegales. Debe proponer la mejor forma de fiscalizar y procurar las mejores prácticas fiscales, al mismo tiempo que ser un denunciante de abusos en contra de los particulares.

La violación de los derechos (humanos) de los contribuyentes es un tema que deberá estar presente en la agenda de todos los contadores públicos en esta nueva era digital.

¿Cómo estamos en cultura y civismo fiscal?

Ningún ciudadano consciente administra su economía para tener deudas con el fisco federal, ya que si bien la evasión fiscal es producto de un cúmulo de factores, es claro que no basta la difusión de folletos para conseguir que la población acceda, voluntariamente, a entregar sus rentas al fisco federal.

Se deben considerar dos cosas: que el contribuyente no es un Registro Federal de Contribuyentes. Es un individuo que conoce sus deudas y las administra en prioridad y, en la mayoría de los casos, la escasez supera a la moral. Es decir, entre dos deudas por cumplir, la comida y el vestido para su familia versus el cumplimiento fiscal, el ciudadano decide por aquello que le es más indispensable para su supervivencia.

Mientras no se diseñe una política fiscal que tenga en cuenta que detrás de cada cédula fiscal existe una persona, seguirán dictando reglas y normas tributarias que serán contrarias a la realidad de los mexicanos.

Y es necesario que se reconozca la situación precaria, intelectual, moral y económica, en que se encuentra sumida la población mexicana, que está al borde del colapso. Precisamente es esa población a la que se pretende educar con un civismo fiscal.

Reconociendo las necesidades de la población, podremos pensar en sus derechos y luego entonces en las exigencias tributarias.

Salud y educación son las grandes deudas que tiene el Estado mexicano con su sociedad; sobre esa realidad será muy difícil que una propaganda con orientación fiscal otorgue beneficios en el corto plazo.

El SAT tiene ahora un papel importante por la reforma fiscal y el combate al lavado de dinero, ¿debe ser un organismo independiente?

La ubicación en la esfera administrativa no es asunto a disertar. Es más productivo analizar sus funciones. No es el SAT, como institución, la que debe salir del control de Hacienda.

Se deben analizar las funciones alternas a la recaudación que podrían ubicarse en otro organismo desconcentrado, alterno o complementario, como las aduanas, porque no se ha solventado el reto de la facilitación y cumplimiento en el comercio exterior.

Con la Prodecon, por tratarse de una entidad independiente al SAT y a Hacienda, la ciudadanía tiene más confianza para exponer su problemática fiscal.

Entonces, la creación de un organismo independiente al SAT, aun operando con recursos públicos, bien podría reportar otros resultados en la difusión del saber tributario.

leonor.flores@eleconomista.mx