La crisis económica en España que este año causa una caída prevista del crecimiento hasta -1.7%, y un elevado déficit que se quiere reducir rápidamente, hace que el país viva en 2012 intensos ajustes presupuestarios.

El gobierno de Mariano Rajoy inició a finales de diciembre pasado con un programa de ajuste para tratar de cumplir con los objetivos de déficit, reducir el endeudamiento y equilibrar las cuentas públicas.

En 2011 el déficit cerró en 8.51 % del Producto Interno Bruto (PIB) y en 2012 se quiso reducir a 5.3%, pero se modificó a 6.3% ante la necesidad de mantener algunos compromisos de gasto en diferentes niveles de la administración pública.

Los recortes en el gasto público y aumento de impuestos, aprobados por la mayoría absoluta parlamentaria del gobernante Partido Popular (PP), son las principales causas del descontento en distintos sectores de la sociedad en general, y con énfasis en el educativo, el de la sanidad, servicios de emergencia, y trabajadores del Estado.

Las primeras medidas fueron anunciadas el 23 de diciembre de 2011, y se confirmaron el día 30 de ese mismo mes, sobre recortes presupuestarios, aumento de impuestos y no disponibilidad de créditos que suponen un ajuste de 15 mil millones de euros.

El paquete incluyó la congelación del sueldo de los empleados públicos, de la oferta de empleo público, el aumento de impuestos de la Renta de las Personas Físicas, y el de Bienes Inmuebles para los ejercicios 2012 y 2013.

En el sector salud, se programó una reducción del gasto en medicamentos, se creó un plan de compras centralizado, y se controla la utilización indebida de servicios sanitarios por parte de residentes extranjeros.

En junio pasado, el Congreso de los Diputados aprobó el Paquete de Presupuestos del año en ejercicio, que destacó por una reducción del déficit de la Administración General del Estado en 17 mil 800 millones de euros (unos 23 mil millones de dólares).

Para ello, se aprobó una reducción del gasto de los ministerios en casi un 17 por ciento, aumento de impuestos (de sociedades) y amnistía fiscal, para elevar los ingresos a los 12 mil 300 millones de euros (casi 15 mil 900 millones de dólares).

El paquete incluye eliminar el pago extra de diciembre (aguinaldo) para todo el conjunto del sector público y a todas las Administraciones Públicas.

En materia fiscal, se aumentó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) general del 18 por ciento a 21%; el gravamen reducido de 8% a 10 por ciento.

Además, se suprimió el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a la deducción por compra de vivienda habitual a partir del 1 de enero de 2013.

En materia de empleo y seguridad social: se redujo la prestación por desempleo a partir del séptimo mes a los nuevos beneficiarios, fijando la cuantía de la prestación en 50% de la base reguladora; y se modificaron las condiciones de acceso a la Renta Activa de Inserción.