El gobierno español presentó este a los partidos políticos, sindicatos y empresarios su propuesta de reforma del mercado laboral, que aprobará el miércoles sin haber llegado a un acuerdo con trabajadores ni asociaciones de empresas.

Con esta reforma se pretende impulsar el empleo en un momento en que la desocupación alcanza al 20% de la población activa, más del doble que el de la Eurozona.

El jueves, el ejecutivo socialista no consiguió llegar a un acuerdo al respecto con los principales sindicatos ni con los representantes del sector empresarial, por lo que anunció que adoptará esta reforma sin el apoyo de éstos el miércoles.

Sí necesita el respaldo de los partidos políticos, ya que el texto debe aprobarse en el Congreso de los Diputados, para lo cual se anunció la fecha del 22 de junio.

El gobierno quiere fomentar los contratos indefinidos y desincentivar los temporales, muy extendidos en el país.

Para ello quiere que los trabajadores con contratos temporales durante más de dos años obtengan un contrato fijo, según el texto propuesto este viernes, difundido por el ejecutivo.

Además quiere importar el modelo austriaco creando un "fondo de capitalización" del trabajador a partir del 2012 del que salga una parte de la indemnización por despido, que costaría así más barato al empresario.

También propone que las empresas, en caso de "probadas razones económicas", puedan despedir más fácilmente o efectuar "modificaciones sustanciales" de la jornada de trabajo, como hace Alemania.

Por problemas económicos las empresas también podrían cambiar el trabajo por turnos, la distribución irregular del tiempo de trabajo y horario, el sistema de remuneración y las funciones de los trabajadores, según el texto.

Los sindicatos amenazaron recientemente con llamar a la huelga general si la reforma se adopta sin su acuerdo, y esta semana ya convocaron una huelga de funcionarios por la decisión gubernamental de recortar los sueldos a este colectivo en una media de 5 por ciento.

Esta medida se incluye en un plan de austeridad recientemente aprobado que pretende recortar el déficit, que en el 2009 se elevó al 11.2% del producto interior bruto (PIB).

RDS