El Ministerio de Hacienda español gravará este año a las sucursales de empresas españolas en territorios de baja tributación y paraísos fiscales. Así lo prevé el Gobierno para adaptarse a las exigencias de la Unión Europea (UE) en este ejercicio relativas a la transparencia fiscal internacional y al exit tax o impuesto de salida para sociedades.

El impuesto a las tecnológicas que prepara el Ejecutivo para financiar la subida de las pensiones que ha pactado con el PNV prevé recaudar 600 millones de euros este año y 1,500 millones el que viene junto con "nuevas figuras tributarias", según el Programa de Estabilidad. Estas subidas del Impuesto sobre Sociedades que prepara Hacienda engrosarán la recaudación.

El Gobierno anuncia en el Programa Nacional de Reformas que remitió a Bruselas que "en el 2018 aprobará medidas tributarias adicionales a las contempladas en el proyecto de Presupuestos del 2018 para luchar contra el fraude fiscal". En el Impuesto sobre Sociedades, avanza que va a introducir cambios para adaptarse a las nuevas Directivas de la UE anti-elusión fiscal que afectan al Impuesto sobre Sociedades.

De esta forma, las sucursales de empresas españolas en territorios con un tipo nominal del Impuesto sobre Sociedades por debajo de 50% del español -que es de 25%- esto es, de 12.5%, que no acrediten actividad y motivos económicos suficientes para situarse allí deberán tributar en España. Esto afecta a sucursales en Irlanda, Chipre, Luxemburgo o Bulgaria, entre otros, además de las situadas en paraísos fiscales.

La norma comunitaria obliga a establecer esta tasa mínimo, pero España puede endurecer la tributación. Hacienda ya grava a las filiales de empresas en territorios con una tasa de menos de 75% del español, es decir, por debajo de 18.75 por ciento.

Una filial es una entidad con personalidad jurídica propia. Si no se constituye una filial, los activos del negocio pertenecen directamente a la sociedad española que invierte en el extranjero, lo que mercantilmente es una sucursal y fiscalmente se considera un establecimiento permanente. Operan con sucursales en el extranjero según datos de sus memorias y del ICEX, BBVA, Bankinter, FCC, Ferrovial, Acciona, ACS, Repsol, y Abantia, entre muchas otras.

La Directiva quiere impedir que se sitúen filiales y sucursales en territorios de baja tributación, como Irlanda, para rebajar la tributación. El artículo 59 establece que las empresas que localicen una filial en un territorio en el que la tributación sea menos de la mitad que lo que tributaría en el Estado donde está la matriz, serán gravadas según lo que deberían haber tributado en la matriz si no demuestran que el traslado obedece a motivos económicos. Esta medida podría afectar a deslocalizaciones a Irlanda como la de Grifols, si no hay actividad.

La Directiva y la Ley del Impuesto sobre Sociedades establecen que estas obligaciones de transparencia concurren si la empresa no acredita actividad económica, requisito que podrían endurecerse.

Albert Mestres, responsable del área de fiscalidad internacional de Toda & Nel-lo, recuerda que la norma española ya prevé reglas para una transparencia parcial (de ciertas rentas), estipulando que se transparenten rentas por alquileres de inmuebles, dividendos (salvo que se cumplan determinados requisitos), plusvalías en la venta de activos, intereses, etc.

De cara al 2020, España debe adaptarse a lo que estipulan las Directivas en lo que atañe a híbridos estructurados e inversos.

En último término, Hacienda deberá reformar la Ley de Sociedades respecto a la deducibilidad de gastos financieros. En este caso, la Directiva es más beneficiosa que la norma española, ya la topa a 30%, pero con un límite de 3 millones (en España, de 1 millón).

Este año, Hacienda también debe actualizar el decreto que establece la lista de países que España considera paraíso fiscal, una adaptación que el Gobierno subraya que debe hacerse "con sujeción a las directrices que establezcan la UE y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos". Se había planteado que España reincorporara a Panamá y Emiratos Árabes Unidos, pero la UE los ha excluido de su lista final. Sí que podría incluirse de nuevo a Bahamas.