La Secretaría de la Función Pública (SFP) puso bajo escrutinio aproximadamente 46,492 millones de pesos en los que, tras ser etiquetados desde la Federación para obras públicas en los estados mediante diferentes partidas para el ejercicio fiscal 2011, se detectaron irregularidades.

De acuerdo con documentación de dicha dependencia a la que El Economista tuvo acceso, 15,336.5 millones ya han sido solventados por las 32 entidades federativas; sin embargo, los 31,140 millones restantes ejecutados por las administraciones locales no han sido propiamente justificados ante el órgano fiscalizador federal y, de no serlo de manera expedita, los recursos tendrán que ser regresados a las arcas nacionales o adjudicar responsabilidades directas a funcionarios.

Entre los factores considerados por la SFP como irregulares se incluyen la asignación directa a privados para proyectos de construcción, ejercer pagos sin haberse terminado las obras, ejercicios de gasto a destiempo o uso de recursos para fines distintos a los programados: como gasto corriente.

NO LES SALEN LAS CUENTAS

Baja California resulta la entidad que tiene más cuentas pendientes con la SFP, ya que de los 1,186.3 millones que están bajo la lupa de la Federación, y que se le asignaron para infraestructura, el estado sólo ha solventado ante ella 1%, o sea, 12.2 millones; los 1,174.1 millones restantes permanecen en la opacidad respecto de su uso.

A ésta le sigue Jalisco, que sólo solventó 3.4% del monto que se le está revisando, es decir, 83.2 millones de pesos, de un total de 2,433.8 millones.

En tercer lugar está Coahuila, el cual ha solventado apenas 4.2%: 154.80 millones de un total de 3,566.1 millones. Esta última cantidad resulta a la vez el mayor monto estatal que permanece sin aclararse ante la SFP. Si se toma en solitario lo que Coahuila no ha solventado, la cantidad representa 11.4% del total nacional (31,140 millones).

En contraparte, Aguascalientes resulta el estado que más ha entregado cuentas a la SFP, ya que ha solventado 96.3% de las irregularidades que le fueron detectadas, seguido de Hidalgo y Guerrero, con 93.3 y 88.5%, respectivamente.

En entrevista, Edgar Andrés Andrade García, titular de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP, detalla que los montos que están bajo la lupa no son la totalidad del dinero que los estados ejercieron en obra pública, sino que aquellos que levantaron alarma por ejercerse con opacidad o resultados no claros.

Refirió que el que una u otra entidad tenga mayores montos bajo fiscalización no significa un grado más elevado de opacidad o corrupción, sino que son aquellas donde van a parar más recursos federales.

LAS CAUSAS

De acuerdo con Andrade García, una de las causas de esta opacidad es la tardanza con la que llegan los recursos etiquetados a los estados y éstos, al tener que utilizar los fondos antes de terminado el ejercicio fiscal, aceleran las licitaciones o se las saltan realizando adjudicaciones directas con el fin de no incurrir en subejercicios.

erick.ramirez@eleconomista.mx