Con los cambios realizados recientemente por la Cámara de Diputados a la Ley de Federal Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se pondrán en riesgo la seguridad de los contribuyentes, sus bienes y patrimonio, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP). En conferencia de prensa el presidente del Instituto, Francisco Macías, dijo que se hará pública, información privada que en el contexto de inseguridad que vive el país nos pone en peligro de que cualquiera tenga acceso a este tipo de datos.

Consideró necesario dejar en claro que la transparencia no es lo mismo que el secreto fiscal.

Hizo ver que los diputados aprobaron un dictamen para reformar la ley del IFAI, en el cual los secretos fiscal, bancario, fiduciario e industrial, que actualmente se encuentran como información reservada, ahora se clasifican como confidencial con lo cual ya podrían ser divulgados.

También se incorporó la prohibición de invocar los secretos fiscal, bancario y fiduciario cuando se encuentren involucrados recursos públicos federales salvo el caso de las instituciones de crédito o autoridades fiscales. Pero la preocupación del IMCP es que en el artículo 12 se propone la adición de un segundo párrafo que obliga a las autoridades a revelar información relacionada con la recepción de recursos públicos cuando exista el beneficio o subsidio fiscal o cualquier exención, cancelación o condonación tributaria.

Lo anterior, agregó, significa que cualquiera que se beneficie por ejemplo de un tratado internacional para evitar la doble tributación no será protegido por el secreto fiscal y podrá tener acceso a su información.

CIVISMO FISCAL

Por otra parte, Francisco Macías consideró importante que el civismo fiscal sea promovido desde la infancia para despertar la conciencia desde temprana edad sobre la obligación de los ciudadanos de contribuir con el gasto público.

Comentó que el IMCP está desarrollando un proyecto llamado El Poder a través de los niños con ese mismo propósito que puede ser una herramienta de apoyo a los esfuerzos del órgano recaudador de impuestos en materia de civismo fiscal. En un país como el nuestro con una población que se desempeña en la economía informal, los derechos y obligaciones no sólo deben de incluirse en los programas educativos a nivel profesional sino desde la primaria, opinó.

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