El Consejo de Ministros aprobará, según lo previsto, un código de buenas prácticas para resolver con celeridad y de forma barata la situación generada tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre.

El código de buenas prácticas será de adhesión voluntaria, pero quienes lo adopten están obligadas a cumplir su mandato.

En el ministerio estudian la fórmula jurídica que podría ser un decreto de ley. La comisión de secretarios de Estado y subsecretarios, presidida por Soraya Sáenz, vicepresidenta de Santamaría, analizó este proyecto en su reunión preparatoria del Consejo de Ministros.

La economía exigirá la constitución de una unidad especial en cada banco para atender a los alrededor de 1.5 millones de clientes con préstamos hipotecarios ligados a cláusulas suelo abusivas.

El tribunal europeo ha dado la razón a estos hipotecados y los bancos tendrán que devolver todo lo que les cobraron de más durante toda la vida del préstamo en los casos en que las cláusulas suelo se consideren abusivas y no sólo desde el 9 de mayo del 2013, como fijó en su momento el tribunal supremo español. El Banco de España cifra en algo más de 4,000 millones de euros las devoluciones que tendrán que realizar los bancos.

Las unidades especiales que deberán crear los bancos atenderán las solicitudes de los clientes y determinarán los plazos y la fórmula para las devoluciones, que podrán realizarse en metálico o destinarse a amortizar el principal pendiente del préstamo, si es que lo tiene. Estas unidades podrían estar obligadas a tener algún representante en oficinas concretas de las entidades.

Comisión de seguimiento

Para vigilar el desarrollo y cumplimiento de estos mandatos se creará una comisión de seguimiento, de la que formarán parte representantes de los ministerios de Economía y de Justicia así como del Banco de España. Todavía no se ha cerrado totalmente su composición, que podría incluir algún otro departamento o institución.

El Ministerio de Hacienda estará involucrado en la devolución, ya que el proceso tiene implicaciones fiscales para los titulares de las hipotecas con cláusulas suelo.

La compra de vivienda habitual tiene desgravaciones en el IRPF, por lo que el cobro derivado de las cláusulas suelo supone una alteración de las cuentas con Hacienda que habrá que resolver. Los bancos tendrán que comunicar al fisco el detalle de las devoluciones realizadas por este concepto.

El Código que aprobará el Consejo de Ministros fijará un plazo de semanas para la resolución de las reclamaciones de los clientes desde el momento en que se producen. Se han producido ya al menos dos sentencias de juzgados españoles que aplican la sentencia europea al fallar a favor del cliente al que los bancos, Sabadell en un veredicto en Oviedo, y Popular en otro en Barcelona, tienen que devolver lo que se considera que han cobrado de más a sus clientes.

Los bancos han comunicado sus estimaciones del impacto que tendrán que asumir. En términos absolutos, CaixaBank, BBVA y Popular son los que deberán afrontar mayores cargas, aunque en términos relativos Liberbank es la más vulnerable. Santander y Bankinter no tendrían exposición a este riesgo al no haber comercializado hipotecas con cláusula suelo. La sentencia europea supone que las entidades tendrán que provisionar entre 2,000 millones y 2,500 millones de euros adicionales.