Empresarios chilenos rechazaron la moción de la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, para reducir la jornada laboral vigente en el país de 45 a 40 horas. 

El punto de partida fue el propio comité ejecutivo de la Confedereación de la Producción y del Comercio (CPC) de Chile, que reunió tempranamente a los representantes de la banca, comercio, agricultura, industria, sonami y construcción.

El máximo líder de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Alfondo Swett, enfatizó que la gente quiere más remuneraciones, empleos, formalidad y tiempo libre. “Cuando uno enfoca esto solamente en una pata de la mesa, la mesa se nos puede caer”, advirtió en referencia a los riesgos de no tener un panorama más amplio.

Su otro reparo estuvo en el tema del costo. “Lo dijo el exministro Valdes, esto equivale básicamente a un 11% de alza de costos para las empresas, eso nos preocupa”, comentó Swett.

Sobre este punto, el presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín, dijo en CNN que la reducción de la jornada eleva el peso al mantener los sueldos, acelerando el reemplazo por máquinas. “Si se encarece el trabajo se activa aún más la automatización”.

 

A su juicio, “la calidad de vida está mucho más vinculada con dar espacios de libertad al trabajador para que pueda pactar jornada con su empleador, y no imponiendo una jornada rígida semanal de 40 horas”, dijo Larraín.

Una de las áreas de la industria, como es la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), le planteó su inquietud por el proyecto aprobado en general en la comisión de Trabajo de la Cámara de Chile al mismo ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine.

Para el líder del gremio, Dante Arrigoni, podría ser “lapidario”, considerando los bajos niveles de productividad y competitividad con los cuales trabaja la industria chilena.

Llevado a número, precisó que la iniciativa implicará un mayor costo fijo que, sumado al proyecto de la reforma previsional de un 4% adicional para el empleador, puede poner al sector metalúrgico-metalmecánico en una condición crítica.

Este tono de inquietud también se desprendió de la declaración del presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero. “Representamos a un sector que no está pasando por un buen momento, hemos estado bajando nuestras ventas y perdiendo empleo, hemos disminuido 30,000 este año, al igual que el año pasado”, dijo. 

El dirigente valoró el proyecto de ley enviado por el Gobierno chileno sobre modernización laboral, que propone una reducción horaria a 42 horas semanales, graduales en el tiempo y con adaptabilidad de la jornada. 

“Entendemos la necesidad de los trabajadores de tener mayor calidad de vida, por lo que estamos abiertos a discutir sobre este tema, ya que además vemos que en muchas partes del mundo se están reduciendo las jornadas laborales”, dijo. 

Sociedad Nacional de Agricultura pone ejemplos

El rechazo a la idea de la diputada Vallejo de parte de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) también sumó cifras. Su aprobación, planteó el gremio liderado por Ricardo Ariztía, significará, por cada trabajador, una disminución de 260 horas de trabajo al año. 

“Esto se traduce en un 11% menos de tiempo trabajado y un eventual incremento de costos para las empresas de al menos un 12,5%, que podría traspasarse vía precio a los consumidores o, de no ser posible, se perderá competitividad, debido a que los consumidores externos podrían no estar dispuestos a pagar más”, señalaron en una declaración pública.

También advirtieron que se requerirá contratar más personal en ciertos casos, como el de las frutas. “Por tratarse de productos perecibles, deben cosecharse y embalarse en un breve tiempo, por lo que, si se trabaja 5 horas menos, se deberá contratar al menos a un trabajador más por cada ocho”, afirmaron. 

 

El otro ejemplo fue la leche, que “al no poder realizar la misma persona todas las ordeñas del día, se deberá contratar trabajadores para varios turnos, lo que implicará un aumento de costos de hasta el doble”.

Finalmente, la SNA reparó en que el proyecto afectará sobre todo a las PYME, “que tendrán mayor dificultad en compensar ese menor tiempo trabajado y tendrán una barrera más para competir frente a las grandes empresas”.