El próximo 17 de junio, cuando se realizarán las próximas elecciones en Grecia, será el momento en el que el panorama de la zona euro se aclare. Esa elección puede producir un gobierno determinado a rechazar o renegociar las reformas y medidas de austeridad a las que el gobierno predecesor se comprometió para un segundo rescate. Si eso llegará a pasar, el resto de Europa deberá decidir entre ser parte de esas negociaciones o retirarse.

Si los líderes europeos siguen los acuerdos para reforzar sus términos, el flujo de dinero del rescate al gobierno de Grecia va a detenerse. Desde marzo, Grecia ha recibido la mitad de los 145 billones de euros (185,000 millones de dólares) que acordaron recibir de la Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, el fondo de rescate temporal de la eurozona.

Grecia ha recibido un primer pago de 1.6 billones de euros de un total de 28 billones de euros del Fondo Monetario Internacional.

Economistas de UBS y un banco suizo estimaron que el costo de una salida catastrófica significaría 40 y 50% del PIB en el primer año.

Esta cifra supone que Grecia saldría de la unión monetaria y entonces perdería acceso al mercado único, por razones jurídicas, en parte por la salida, requiere controles de capital y esos controles son ilegales bajo los tratados de la Unión Europea (UE).

En la práctica, los políticos europeos han dejado claro que harían todo lo posible para mantener a Grecia en la UE.