La tarea titánica de reducir la montaña de préstamos tóxicos que amasó la banca europea durante la crisis no ha concluido todavía y el sector ya tiene nuevos deberes por delante. La Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés) ha decidido que es el momento de ir más allá y jugar en una doble liga: el sector no solo debe seguir reduciendo su lastre multimillonario, sino que tiene que empezar a trabajar para que nunca más vuelva a crecer.

El supervisor se ha marcado esa meta para 2019. Su objetivo es crear un nuevo marco en el que el problema se ataje desde el origen, desde la misma concesión del nuevo crédito. Si en ese momento el banco extrema la cautela, investiga la solvencia de aquel a quien le va a dejar el dinero y mejora sus estándares de concesión de préstamos, la posibilidad de que esa operación acabe en el saco de las fallidas (conocidas como NPL o non performing loans) es mucho más reducida que si no hacen nada de todo eso.

La teoría ya está recogida en papel. La EBA la ha concretado en unas nuevas directrices de originación de préstamos y de vigilancia que acaban de ver la luz en forma de consulta pública al sector. «El objetivo de estas directrices es impedir que los nuevos préstamos se conviertan en dudosos y, por lo tanto, prevenir la acumulación de más NPL en el futuro», señala el supervisor bancario.

Para llegar a ese ideal de bancos a prueba de operaciones fallidas, la EBA actuará para promover unos estándares mejorados de suscripción de los préstamos, con la idea de que lo mejor en una financiación dudosa es no embarcarse en ella en un primer momento. Por eso, los bancos deberán ser más cuidadosos en los criterios que aplican a la hora de decidir qué operaciones de préstamo aprueban y cuáles rechazan.

Nuevas exigencias 

Todo ello se articulará en forma de requerimientos que entrarán en vigor dentro de un año. La EBA vigilará la gobernanza de los bancos, con un enfoque especial en el riesgo de crédito; impondrá nuevos criterios para los procesos y las políticas de suscripción de préstamos, incluyendo valoraciones sobre la solvencia de quien pida la financiación, y supervisará todo el proceso, asegura el organismo.

La óptica del consumidor o el receptor de esos préstamos también se tendrá en cuenta. «Las directrices prestarán especial atención a las cuestiones de protección del consumidor relacionadas con dichas actividades», añade la EBA.

Los bancos deberán poner en marcha este nuevo marco de vigilancia al mismo tiempo que siguen desaguando los activos tóxicos que tienen en el balance; esos que la EBA no quiere que vuelvan a crecer.

De hecho, el combate para la limpieza de los préstamos fallidos fue la segunda prioridad de la Autoridad Bancaria Europea el año pasado y sigue entre sus objetivos en el presente ejercicio. Y también el Banco Central Europeo (BCE) está presionando para ello. El organismo comandado por Mario Draghi está convencido de que buena parte de la baja rentabilidad de la banca europea comparada con la de otras regiones, como Estados Unidos, procede del elevado volumen de préstamos dudosos que todavía acarrea, además del débil escenario de crecimiento.

Por eso, su preocupación es que el desagüe pueda estar bastante avanzado antes de que venga otro zarpazo macroeconómico.

Una parte del trabajo está hecha. Los bancos de la eurozona llegaron a amasar más de un billón de euros en activos tóxicos en el 2015, con una ratio de NPL sobre el total de préstamos de 7.5%. A finales del 2018 esa tasa estaba en 3.8% y la cuantía total, en 579,000 millones, según el BCE.

Pero la clave está en el reparto. Igual que en el 2015 había países con una ratio de préstamos dudosos sobre el total de 1.5% (como Luxemburgo) y otros tenían 45% (Grecia), ahora tampoco el terreno de juego está igualado. España está un poco por debajo de la media de la eurozona, con el 3.7%, mientras que Francia está en 2.8%, pero Italia se encuentra en 8.3%, Portugal supera 10% y Grecia sigue encaramada más allá de 40 por ciento.