Ante la desaceleración económica registrada a mediados del 2011, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, ha preparado un gran paquete de medidas económicas que tienen como prioridad atraer la inversión privada, modernizar la infraestructura del país y restablecer su buen panorama de crecimiento.

Entre las principales decisiones que ha tomado el gobierno brasileño, están las concesiones para operar autopistas y vías de ferrocarril por 66,000 millones de dólares, acceso a la gestión privada en los principales aeropuertos y puertos de Brasil por 14,000 millones de dólares, reducción de 10% en costos de energía y otros recortes tributarios que podrían estimular el consumo y la inversión a largo plazo en el país.

Los analistas sostienen que la sexta mayor economía emergente del mundo ha tomado una buena decisión al invertir en su colapsada infraestructura y, así, poder entrar a la liga de las naciones desarrolladas del planeta.

Luis Carlos Guzmán, director del Departamento de Economía de la Universidad Central, afirma que esta política fiscal es un aliciente para Brasil, pues la infraestructura mejorará la situación de bastantes sectores económicos y también le inyectaría oxígeno a una economía que, según informes del Fondo Monetario Internacional (FMI), crecería este año 2% menos, después del freno económico del año pasado, de 2.7 por ciento.

Toda acción económica no tiene respuesta inmediata. En políticas monetarias, sus efectos surgen casi seis meses después. Pero, en políticas fiscales como infraestructura, sus efectos son más lentos por los procesos de licitación que demoran, incluso, tres veces más que una política monetaria , aseguró Guzmán.

Las nuevas medidas de choque en la reestructuración de la economía provienen de los coletazos que genera la crisis mundial actual. Estas medidas, bastante keynesianas, sólo podrían dar una recuperación de largo plazo , agregó el analista económico, Diego Andrés Guevara Fletcher.

Sin duda, los resultados de estos gastos públicos se verán en poco más de un año. Casi a finales del 2013. La inversión en infraestructura tendrá que estar a la altura para la licitación de aeropuertos y escenarios deportivos para el Mundial 2014 y Olímpicos 2016 , pronosticó Guzmán.

Esta decisión no agrada a los empleados estatales de Brasil. Los funcionarios se han enfrentado con la administración de Dilma Rousseff al considerar que no se les ha dado prioridad a sus salarios y que quedaron relegados en sus reclamos ante el freno de la economía.

Es por eso que ya se suman 350,000 empleados públicos en huelga por demandas salariales y otras reivindicaciones en las universidades estatales, ministerios, agencias reguladoras de medios de comunicación, de salud y empresas como Electrobras.

El gobierno dijo en la reunión bianual de empresarios de Brasilia que ese sector laboral ya fue beneficiado con aumentos durante la administración de Luiz Inácio Lula da Silva y que, ahora, ante la crisis económica, es necesario impulsar la producción y el consumo para estimular el crecimiento del Producto Interno Bruto.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica