“En Estados Unidos, si alguien no quiere pagar impuestos y ocupa un documento falso que es otorgado por un tercero, es un tema de cárcel. Aquí, se conoce el fraude y no se hace nada”, acusó el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, ante los señalamientos de diversos senadores que calificaron de “terrorismo fiscal” la ley que se aprobó en la Cámara Alta y que equipara la defraudación fiscal como crimen organizado.

Incluso hizo referencia a una observación que hizo en su momento, Jaime Serra Puche, cuando fue subsecretario de ingresos en Hacienda, quien dijo que la frase que más se escuchaba, en la década de los 80 y parte de los 90, era “con factura o sin factura”.

“Esa frase ha cambiado; ahora nos preguntan si necesitamos factura”, indicó el funcionario en su primera comparecencia como secretario de Hacienda en la Cámara Alta, la cual duró más de cinco horas y se hizo con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno.

Remató diciendo que conoce muy pocos países en los que se hable tan abiertamente de la probabilidad de poder hacer algún tipo de defraudación fiscal como en México. “Hay pocos lugares en donde se le plantea a alguien que se puede evadir al fisco. En muchos lugares se hace a escondidas, aquí se hace abiertamente. Ésa es una de las razones por las que se están aplicando estas medidas”.

Herrera reconoció que la percepción generalizada de que es un exceso que la defraudación fiscal se iguale a crimen organizado es en parte por culpa de las autoridades por no saber comunicar y explicar la importancia de estas medidas fiscales.

Directamente a la diputada de Morena, Lilly Téllez, quien reclamó que se busque castigar a cualquier contribuyente que pueda tener un error en su declaración de impuestos, el funcionario respondió que la ley establece que se investigará a quienes no hayan reportado el pago de impuestos por 10 millones de pesos. “Esto significa que alguien que evade esta cantidad es porque percibe ingresos  de hasta 30 millones de pesos”.

Aclaró que, si alguien es señalado por la autoridad, se tiene que pasar por diversos filtros para que pueda ser acusado de defraudación fiscal.

Primero, explicó, el SAT realiza una auditoría y establece la existencia de un delito. Después, la Procuraduría Fiscal de la Federación se encargará de investigar y determinar si es un delito fiscal calificado o no. En caso de que sí haya delito, se envía el caso a la Fiscalía General de la República, la cual deberá formular una querella y si determina que sí hay delito, se envía a un juez para que se determine si hubo o no una conducta delictiva.

“De tal forma que no es una decisión exclusiva de Hacienda, están involucrados el SAT y la Procuraduría Fiscal, como también dos órganos autónomos distintos”, enfatizó Herrera.

Seguirán condonaciones fiscales ante desastres naturales

Con respecto a la eliminación de condonaciones fiscales, el secretario de Hacienda afirmó que continuará este beneficio fiscal para las personas físicas y morales que se vean afectadas ante un desastre natural como sismos o huracanes.

“Eso está cubierto, la respuesta específica es que el (artículo) 39 del Código Fiscal de la Federación permite hacer esas condonaciones en caso de desastres naturales. yo mismo tuve esa preocupación cuando estábamos planteando eso y es algo que fue atendido”.

Sobre las empresas y personas que fueron condonadas entre el 2007 y 2015, el funcionario dijo: “lo que tenemos que hacer es fiscalizar los ingresos que nos tienen que pagar ahora, pero yo creo que podemos hacer de manera casi aleatoria una muestra para asegurarnos de que esto fue priorizado bien y en forma”.

Se mantiene confianza de inversionistas

El titular de Hacienda afirmó que, pese a que se pudo comunicar de una mejor manera la decisión de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la confianza de los inversionistas en México se ha mantenido.

Ante la pregunta expresa de la senadora por el PRI, Vanessa Rubio, sobre cuáles fueron los análisis que se realizaron para saber el costo-beneficio de la decisión de cancelar el aeropuerto, Herrera respondió que el tema no pasa por esa situación. Ahondó en que tampoco se dijo de manera clara qué se haría con la infraestructura ya instalada en materia aeroportuaria en la capital del país tras la creación del nuevo aeropuerto.

“Ni siquiera hoy, nadie nos ha entregado cuál es el valor del activo llamado Aeropuerto Internacional Benito Juárez y nadie nos dijo qué se pensaba hacer con ese activo que vale decenas de miles de millones de pesos (...) no es posible que se tome una decisión de construir un activo destruyendo otro”, contestó.

Se debe hablar más de aguas porfundas en Pemex

Por otra parte, Herrera indicó que en el tema de financiamiento a Pemex, se debe generar una discusión profunda sobre las inversiones que haga la petrolera nacional en aguas profundas.

“Aguas profundas requiere de tecnologías que probablemente no tenemos nosotros y tienen un nivel de riesgo que yo no estoy seguro de que la empresa debiera correr. El porcentaje de bateo es de entre 20 y 25%, lo cual quiere decir que de cada cuatro o cinco pozos que se abren en aguas profundas solamente de uno sale petróleo”.

Herrera añadió que las inversiones que se deben realizar en aguas profundas son a mediano plazo. “Se tarda más o menos siete años la fase de exploración, tres años la fase de desarrollo y a partir del décimo o undécimo año se empieza a producir petróleo durante 20 o 30 años (...) Ésa es la discusión de fondo que quisiéramos tener”, indicó.

 

kg