La próxima administración tiene un estimado preliminar de obtener 474,758 millones de pesos adicionales —que representan 1.92% del Producto Interno Bruto (PIB)—, mediante eficiencias en la recaudación y disminución del gasto corriente, para destinarlos a una reducción de la deuda y los pagos de pensiones y a proyectos de infraestructura prometidos por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Estos proyectos incluyen inversión para la nueva refinería, en Dos Bocas, Tabasco, sin reducir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas ni aumentar impuestos a la población y permitirían un crecimiento anual de 4% en la economía nacional, explicó el asesor económico del equipo de transición, Abel Hibert.

Esta protección preliminar que pretenden incluir en el proyecto de presupuesto para el 2019 que presentarán en diciembre contiene un ahorro de 354,477 millones de pesos en gasto corriente del gobierno, equivalente a 1.43% del PIB. “Se puede lograr con reducciones en servicios personales de la administración y otros gastos que se han salido de control”, dijo Hibert en el 50 Foro anual de la Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ).

También estiman que los ingresos públicos pueden aumentar en 120,280 millones de pesos o 0.49% del PIB mediante una fórmula de recaudación más eficiente, que incluye revisiones a distintas dinámicas de los sectores contribuyentes.

En entrevista, Hibert aclaró que hasta el momento pretenden continuar con la fórmula actual del cobro de Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) a los usuarios de gasolinas, con lo que los precios actuales se mantendrán por lo menos en el 2019, ya que el boquete a las finanzas públicas de más de 250,000 millones de pesos que dejaría su eliminación es insustituible y se requiere para avanzar en distintas áreas de la administración.

“Hubo confusión. La ingeniera (Rocío Nahle, próxima secretaria de Energía) dijo que se evalúa el esquema completo de este impuesto, no que se cancelará”, aseveró Hibert.

En sus proyecciones de fuentes y usos de los ahorros presupuestales del 2019 para financiar los proyectos del presidente electo, se considera que al gasto catalogado como inevitable, y que consta de gasto público en pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones federales a las entidades de la República, se le podrán añadir 189,970 millones de pesos, esto es 1.1% del PIB, a fin de mejorar la balanza financiera global del país.

Proyectos prioritarios

Finalmente, de los ahorros obtenidos proyectados preliminarmente se destinarán hasta 284,787 millones de pesos, o 1.15% del PIB, al gasto público en los proyectos de inversión en infraestructura prometidos en campaña por el presidente electo.

Entre éstos destaca la nueva refinería que “seguramente contará con presupuesto en el 2019”, aseveró Hibert. Si bien aún no descartan que se retome el proyecto de Tula —que con un costo de 10,000 millones de dólares pretendía añadir una capacidad de 250,000 barriles diarios de proceso y fue cancelado en el 2014— el enfoque de los análisis de la nueva administración se centra en un nuevo centro refinador en Dos Bocas, Tabasco, dijo.

Finalmente, Hibert destacó la necesidad de que se tome la mejor decisión en el menor tiempo posible sobre el futuro del aeropuerto de la Ciudad de México, ya que de éste depende una fracción importante de la economía nacional.

Aunque asume que la decisión estará en manos de la ciudadanía en la construcción pública que se efectuará del 25 al 28 de octubre, exhortó: “Que se decidan por la mejor opción, luego de darse cuenta de que es Texcoco”.

Zonas Económicas Especiales

Frente a empresarios de la industria química y petroquímica, Hibert aseguró que el próximo gobierno mantendrá el programa de Zonas Económicas Especiales, con incentivos fiscales para incrementar la competitividad en la frontera norte y la participación de privados en el sureste del país.

Sin embargo, reconoció que la falta de suministro de gas natural por parte de Petróleos Mexicanos puede frenar cualquier plan en la región con mayores necesidades del país, donde en las últimas semanas ha habido cierres parciales de plantas y despidos no cuantificados de personal, particularmente en plantas petroquímicas, como explicó Eduardo Escalante, presidente de la ANIQ.

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