Los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon el miércoles la apertura del debate sobre un proyecto bipartidista de infraestructura de 1.2 billones de dólares, que es favorecido por la Casa Blanca, alegando que la legislación no estaba lista para su aprobación porque no está terminada.

Semanas después de que los senadores de ambos partidos llegaron a un acuerdo con el presidente estadounidense Joe Biden, sobre el esquema del proyecto de ley, que incluye recursos para reconstruir carreteras, puentes, puertos y otras infraestructuras, los republicanos consiguieron suficientes votos para bloquear el inicio del debate.

Con el Senado dividido a 50% entre ambos partidos, la medida bipartidista necesita el apoyo de al menos 10 republicanos para obtener los 60 votos necesarios para avanzar, según el reglamento.

Antes de la votación, varios republicanos que trabajan en el proyecto de ley dijeron que creían que las cuestiones pendientes podrían resolverse a principios de la próxima semana, y que otra votación de procedimiento podría entonces tener éxito.

“Creo que tendremos los 10, 11 o 12  republicanos necesarios para demostrar que estamos listos para proceder al proyecto de ley”, dijo el senador Mitt Romney a periodistas.

Por su parte, el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, había insistido en celebrar la votación del procedimiento el miércoles, diciendo que después de semanas en que los negociadores regatearon los detalles, era hora de empezar a debatir la medida en el pleno del Senado.

Los republicanos habían defendido el retraso. El líder de la minoría, Mitch McConnell, dijo que negarse a iniciar el debate el miércoles no obstaculizaría el esfuerzo, porque el Senado podría reconsiderarlo después.

El plan

La propuesta del plan a ocho años contiene 109,000 millones de dólares para carreteras, puentes y grandes proyectos, 73,000 millones de dólares para infraestructuras eléctricas, 66,000 millones de dólares para ferrocarriles de pasajeros y de mercancías, 65,000 millones de dólares para el acceso a la banda ancha, 49,000 millones de dólares para el transporte público y 25,000 millones de dólares para aeropuertos, de acuerdo con un comunicado de la Casa Blanca.

Se plantea que las inversiones sean pagadas a través de más de una docena de mecanismos de financiamiento, incluyendo 100,000 millones de dólares en ingresos fiscales estimados por una mayor fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, así como los recursos no utilizados en la ayuda para el Covid-19 y los fondos del seguro de desempleo devueltos por los estados.