Legisladores, funcionarios federales y ejecutivos del sistema bancario de Estados Unidos iniciaron en días recientes un debate que podría transformar por completo la manera en que operan las instituciones financieras del país.

Algunos analistas, sin embargo, dudan que este esfuerzo altere la manera en que Wall Street, epítome del sistema bancario de Estados Unidos, conduce sus negocios.

A principios de mes, la Comisión de Valores (SEC, por su sigla en inglés) demandó civilmente al banco de inversión Goldman Sachs por defraudar a sus propios clientes al venderles instrumentos de inversión destinados a colapsar.

El gobierno federal alega que Goldman Sachs, considerada la institución más rentable en la historia de Wall Street, vendió instrumentos de inversión a clientes contra los que luego apostó y de los que ganó miles de millones de dólares.

Días más tarde, el Senado de Estados Unidos interrogó durante 10 horas a ejecutivos de Goldman Sachs­ en busca de una explicación.

Para los banqueros, las prácticas en cuestión no eran ilegales, tampoco eran ajenas al comportamiento estándar de la industria y, según sus declaraciones, ni siquiera representaban un conflicto de interés.

Días más tarde de abierta esa primera investigación, el diario The Wall Street Journal publicó que fiscales federales habían iniciado pesquisas sobre la legalidad de varios instrumentos de los bancos JP Morgan Chase, Citigroup, Deutsche Bank y UBS.

Asimismo, el jueves pasado el periódico The New York Times indicó que el Procurador General de Nueva York investigaba a todas las instituciones ya contempladas por el gobierno federal, además de los bancos de inversión Credit Suisse Group y Merrill Lynch.

La ola de indagatorias sobre Wall Street inició de nuevo el debate sobre la necesidad de aumentar los controles y regulaciones del gobierno al sistema financiero, esfuerzo que encabeza el presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

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