De aprobarse la iniciativa de reforma que prevé el gobierno de Cristina Kirchner, con la intención de abolir la autorregulación del mercado bursátil que rige desde 1968, la Comisión Nacional de Valores (CNV) pasará a tener poder de policía sobre los 21 mercados argentinos, a los que tratará de unificar a través de plataformas electrónicas.

Además, las sociedades de bolsa y las calificadoras de riesgo sufrirán por la competencia de nuevos jugadores en el mercado. Se eliminará el secreto bursátil y la información sobre las tenencias de los inversores podrá ser consultada por las entidades regulatorias y el Banco Central.

¿Cómo funcionan los mercados argentinos en la actualidad?

En Argentina existen 12 bolsas de comercio y 9 mercados de valores, que se rigen bajo la ley 17,811 promulgada en 1968. Según las directivas de esa norma, las 21 plazas que funcionan en el país se constituyen como asociaciones civiles o sociedades anónimas cuyos miembros se asocian en forma mutual y se autorregulan. La Bolsa porteña, por caso, es una asociación civil sin fines de lucro que enmarca las operaciones del Mercado de Valores de Buenos Aires, una sociedad anónima cuyos accionistas son las propias sociedades de bolsa. La Bolsa tiene a su cargo la regulación del mercado, así como también la aplicación de sanciones a sus miembros. La Comisión Nacional de Valores (CNV), hoy a cargo de Alejandro Vanoli, sólo aprueba los estatutos de esas entidades y solicita investigaciones o sanciones.

¿Cómo cambiará el rol de la CNV con la reforma que persigue el Gobierno?

De aprobarse el proyecto de ley que el Ejecutivo enviará al Congreso, la CNV pasaría a ser la única capaz de autorizar la cotización de valores como acciones y bonos , iniciar investigaciones y aplicar sanciones. Su supervisión se extenderá no sólo sobre todas las etapas de la oferta pública, sino también sobre la actuación de todas las entidades y personas comprendidas bajo su ámbito. Además, tendrá injerencia directa en el establecimiento de normas procedimentales como por ejemplo la aprobación de asambleas de accionistas o la información que está obligada a hacer pública una empresa que cotiza en bolsa. En la actualidad, las sanciones se recurren ante el fuero comercial, es decir, entre privados, ahora los agentes de bolsa deberán defenderse en el fuero Contencioso Administrativo.

¿Cómo afecta a las calificadoras de riesgo?

Les sumaría competidores, como universidades u organizaciones profesionales. La legislación actual sólo permite a sociedades anónimas, registradas como calificadoras, a otorgar ratings a emisiones de valores. El proyecto refuerza, además, el rol de la CNV en materia de autorización de entidades de calificación, seguimiento activo y poder sancionatorio de esta actividad. El objetivo es restarle poder a las calificaciones de las big tree: Fitch, Moody’s y Standard & Poors.

¿Cómo afecta a los agentes de bolsa?

De la misma forma que a las calificadoras, la reforma le sumaría competidores. Según dejó trascender el Gobierno, una de las características del mercado actual que se busca eliminar es la de la mutualización de los mercados de valores. Sólo están autorizadas a operar en ellos las sociedades que son accionistas del mismo mercado. El proyecto elimina esa obligatoriedad para que un agente intermediario pueda operar en un mercado determinado. Esta modificación abre el mercado a nuevos participantes que puedan actuar como intermediarios. También se buscará la centralización de información de los distintos mercados del país con el objeto de unificar sus operaciones de manera tal que un valor transado en la Bolsa del Chaco pueda comprarse en Buenos Aires y viceversa.

¿Qué pasará con el secreto bursátil?

Según fuentes del Gobierno, en el proyecto las políticas de secreto se modifican para favorecer el intercambio de información entre organismos de control, es decir, se eliminarán los límites que existen en la actualidad para el intercambio de información entre el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la AFIP, Unidad de Información Financiera y los mercados de valores. Ello implica que todas esas dependencias podrán contar con detalles respecto a las tenencias de acciones, bonos y otros valores transables en manos de inversores locales, un nivel de información hoy vedado a los sabuesos.