Los fiscales brasileños presentaron cargos formales contra ejecutivos de seis de las mayores empresas de ingeniería a los que acusan de formar un cartel y servir para canalizar sobornos, a través de la petrolera estatal Petrobras, al partido político gobernante y sus aliados.

Los cargos contra los acusados incluyen además corrupción, lavado de dinero y crimen organizado, en un caso que ha sacudido al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff.

Los ejecutivos acusados pertenecen a las empresas OAS, Camargo Correa, UTC Engenharia, Galvao Engenharia, Mendes Junior y Engevix.

El escándalo de corrupción, en el que las compañías habrían pagado miles de millones de dólares para ganar contratos con Petrobras, amenaza con paralizar proyectos de infraestructura vitales para revivir la estancada economía de Brasil.

Se cree que el caso puede implicar a decenas de políticos y debilitaría la ya frágil coalición de Gobierno de Rousseff, que comenzará su segundo mandato el 1 de enero.

Los fiscales dijeron que buscan que las compañías involucradas en la trama de corrupción devuelvan unos 1,000 millones de reales.

"Estamos en una guerra contra la impunidad y la corrupción", dijo el fiscal Deltan Dallagnol en una rueda de prensa. "Petrobras fue la víctima de este esquema".

Un total de 35 personas fueron acusadas, entre ellas 22 relacionadas con las compañías de ingeniería.

Los ejecutivos, algunos de los cuales han estado encarcelados casi un mes en una prisión federal en Curitiba, donde se descubrió la trama, se enfrentan a penas de hasta 20 años de privación de la libertad.

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