Si bien la fórmula bajo la cual se distribuyen las transferencias federales a los 31 estados y el Distrito Federal (integradas por los recursos de los ramos 28 y 33) ha favorecido más las arcas del Estado de México y descobijado las de Campeche, en términos per cápita la historia es sustancialmente diferente.

Según registros de las cuentas públicas estatales, en el 2011 la Federación otorgó a las 32 administraciones locales 1 billón 170,934 millones de pesos por concepto de participaciones (Ramo 28) y transferencias del Ramo 33. De éstas, Campeche recibió 14,028 millones; es decir, 1.2% del total, lo que lo colocó como el quinto estado con menos recursos recibidos, sólo por arriba de Baja California Sur (7,917 millones), Colima (10,090 millones), Aguascalientes (13,808 millones) y Tlaxcala (13,890 millones). En cambio, el Estado de México concentró 11.1% de la partida, con 129,546 millones de pesos otorgados.

Sin embargo, en el caso hipotético de que los recursos se distribuyeran entre cada uno de los habitantes de los estados, Campeche sería el ganador. Con 849 millones de habitantes, el año pasado recibió 16.5 millones por persona. En contraparte, en el Estado de México, a cada uno de sus 15,586 millones de pobladores les correspondió 8.3 millones, la mitad que a los campechanos.

Esto toma relevancia cuando el gobierno de los últimos ha hecho hincapié sobre la injusta repartición del dinero federal, ya que debido a su poca población –la tercera más baja en el país- es acreedor a cantidades inferiores que otros estados sin importar que sea el principal productor petrolero y, por consecuencia, uno de los principales contribuyentes a la economía nacional.

Bajo ese escenario, estados como Colima, Nayarit, Durango y Zacatecas se encuentran en una situación similar a la de Campeche. Aunque de forma nominal, se hallan entre las 12 administraciones locales que menos transferencias obtienen, están entre los seis cuyos habitantes reciben más dinero.

POBLACIÓN ES BÁSICA

Enrique Cabrero, director general del CIDE, comenta que el criterio básico de distribución de las transferencias debe ser la densidad de la población, ya que finalmente son recursos para infraestructura y servicios públicos.

Sin embargo, destaca: Hay una distorsión tremendamente perjudicial en el reparto de recursos a las entidades .

Y agrega: Mientras más nos tardemos en generar nuevas políticas y potestades y vayamos descentralizando también la recaudación más vamos a vivir en estas distorsiones.

[email protected]