Las obligaciones financieras de corto plazo de las entidades federativas, que representan entre 5 y 10% de su deuda total, se mantendrán como un determinante de la baja de calificaciones para los gobiernos locales en lo que resta del año, advirtió Standard and Poor’s.

De acuerdo con la calificadora, este tipo de obligaciones, que no requieren aprobación de las legislaturas, impacta de manera importante en el servicio de la deuda anual, lo que -a su vez- presiona a las finanzas públicas.

Al interior del artículo titulado Limitada flexibilidad presupuestaria caracteriza a estados y municipios mexicanos en año electoral , la agencia anticipa que durante este año varias entidades federativas continuarán cubriendo servicios de deuda que representarán más de 10% de sus ingresos discrecionales, explicados mayormente por el uso de financiamiento de corto plazo .

Y advierte que si el servicio de esta deuda se mantiene de manera consistente por arriba de 15% de sus ingresos discrecionales, las calificaciones de los gobiernos podrían verse afectadas en los siguientes meses .

La observación apunta directamente a aquellas entidades que mantienen una elevada proporción de deuda de corto plazo que necesita amortizarse durante el mismo año fiscal .

COAHUILA, ENTRE LOS AFECTADOS

Entre los 16 gobiernos estatales que califica, las que tienen la mayor proporción de ingresos discrecionales respecto de su deuda directa son Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

Anticipa que es probable que sólo 70% de los estados que evalúa mantenga sus calificaciones financieras este año.

Desde el 2011 y hasta el 16 de abril de este año, la evaluadora financiera cuenta que han sido ocho los gobiernos estatales a los que les ha recortado la calificación por esta proclividad a sumar deudas de corto plazo. Destacan los casos Coahuila, Michoacán, Nuevo León y Sonora.

RIESGO ELECTORAL

En el artículo, la agencia alertó que los principales riesgos financieros para el sector en general son la planeación financiera de corto plazo que caracteriza a los gobiernos de estados y municipios, la limitada institucionalización y una importante opacidad en la difusión de cuentas financieras. Según el informe, desarrollado por Daniela Brandazza, la situación financiera de las entidades federativas ahora resulta menos favorable que la observada en otros años electorales.

Es decir, en periodos pasados de elecciones presidenciales, las entidades tenían menos presiones de deuda y una mayor liquidez en cajas.

En ese panorama, la analista anticipó que será un factor que seguirá pesando en las calificaciones que asigna.

La deuda de las 32 entidades federativas del país creció 24.2% en el 2011 con respecto al año previo, reveló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las obligaciones financieras de los 31 estados y el Distrito Federal ascendieron a 390,777 millones de pesos, es decir, 76,113 millones más que en el 2010.

EN NÚMEROS

  • 5% es la participación mínima de la deuda de corto plazo en los pasivos totales.
  • 16 gobiernos locales califica Standard & Poor’s en el país.
  • 70% de los estados que evalúan mantendrá su calificación en este año.

ymorales@eleconomista.com.mx