Guadalajara, Jal. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) insistirá esta semana ante los legisladores en su propuesta de regresar la deducibilidad al 100% en las prestaciones sociales obligatorias por ley, pues afirman que el uso del dinero en manos del sector privado será más eficiente y productivo en la economía mexicana ante el complicado panorama económico previsto para el 2017, que dejarlo en el gasto del gobierno.

Durante los últimos 12 años se ha demostrado que si se le transfiere dinero al sector privado por medio de deducciones o subsidios logra alcanzar tasas de crecimiento de 3% con un valor agregado de generar inversión y empleo; en cambio, si tú le das un peso al gobierno, el valor agregado que genera en la economía es nulo y no hay incrementos en la economía, no logra aumentar ni tiene eficacia, aun en el uso de los recursos , explicó José Luis de la Cruz, especialista económico de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

Entrevistado por separado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI), Juan Pablo Castañón, presidente del CCE, informó que pelearán en el Congreso porque, por lo menos, se otorgue la deducibilidad al 100% a las prestaciones como aguinaldo, vacaciones, despensa para los trabajadores.

La no deducibilidad de las prestaciones sociales nos lleva a reflejar fiscalmente una utilidad que no nos corresponde, tenemos que pagar más impuestos de lo que realmente se genera en las empresas. Si tienes que dar por ley mínimamente ciertas prestaciones y no las puedes deducir, reflejas una utilidad que no es correcta, es más alta que obliga a las empresas a tributar en un número que no es , acusó.

El líder empresarial advirtió que si la política pública lleva a que no se incentive el pago de las prestaciones compensatorias a la productividad, de un salario integral más completo para los trabajadores, no se estará fomentando la formalidad. ¡En eso, discrepamos con el gobierno! .

La reforma fiscal del 2014 aprobó reducir la deducibilidad fiscal a las prestaciones sociales de 100% a 53 y 47%, ante la necesidad de lograr mayores ahorros públicos con menos subsidios al sector privado, lo cual ha elevado el costo laboral del 8% y aumentado la carga tributaria de los patrones.

Se entiende la lógica de que el gobierno requiere ingresos para financiar su gasto para pagar deuda, pero en este momento de la necesidad de hacer crecer al país, resulta más productivo dejar los apoyos en la IP , insistió José Luis de la Cruz.

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