En contravención de la Constitución, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó que sea el pleno el que decida, el próximo martes, si la minuta que reforma la Ley de Instituciones de Crédito en materia de bloqueo de cuentas bancarias y extinción de dominio se devuelve o no al Senado de la República.

Anteayer, el pleno aprobó, durante la discusión en lo particular de la minuta remitida por la Cámara Alta, modificar el dictamen original, lo que implicaría, de acuerdo con lo que establece el artículo 72 de la Constitución, devolver la minuta a los senadores para una nueva revisión.

Dictado el trámite correspondiente por Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, en la sesión ordinaria del pasado miércoles, Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario del partido Movimiento Regeneración Nacional, la fuerza política que representa la mayoría legislativa en la Cámara Baja, impugnó de viva voz la instrucción y solicitó precisar el sentido de la votación de la reserva de modificación al artículo 116 bis 2, párrafo segundo, fracciones I y III, promovida por su correligionaria Lidia García Anaya.

Ante el desorden en el salón de plenos, la panista decretó “un receso de 5 minutos”; no había condiciones, aclaró, para continuar la sesión. El receso se prolongó cuando Rojas Hernández reanudó la sesión sólo para informar a la asamblea que los trabajos del pleno continuarán hasta el próximo martes.

La reforma consiste en adicionar un único artículo para establecer que, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cuente con indicios suficientes de que una persona se encuentra relacionada con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo o con los asociados con éstos, podrá incluirla en la lista de personas bloqueadas y promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados.