La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, sufrió este martes su primer revés en el Congreso con el triunfo de la oposición en la comisión especial que estudiará su destitución.

Una lista formada por opositores y por disidentes de partidos aliados a Rousseff como el centrista PMDB obtuvo 272 votos, mientras que la promovida por aliados de la mandataria obtuvo 199. Una mayoría opositora de 39 diputados de un total de 65 integrarán la comisión.

La decisión del presidente de la Cámara de Diputados y archirrival de Rousseff, Eduardo Cunha, de recurrir al voto secreto para elegir a los miembros de la comisión desató discusiones, tumultos y conatos de peleas entre legisladores, algunos de los cuales quebraron urnas.

Rousseff, acusada de maquillar las cuentas públicas en el 2014 y el 2015 y de autorizar gastos públicos por decreto sin previa autorización del Congreso, pierde así su primera batalla en el proceso de destitución lanzado por el evangélico y ultraconservador Cunha, del PMDB.

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El hemiciclo de la Cámara fue atronado por gritos de "No al golpe" lanzado por los fieles a la presidenta, mientras los opositores contestaban "Fuera Dilma".

Coreando "Canta y no llores" un grupo de diputados opositores colocó una bandera de Brasil en el estrado de la presidencia. Otros desplegaron imágenes del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), padrino político de Rousseff, vestido como presidiario.

Los diputados pro-gobierno, esencialmente integrado por diputados del gobernante PT y de la extrema izquierda, deben aún presentar los 26 diputados restantes para completar la comisión especial.

Esa comisión deberá recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de malas prácticas presupuestales formuladas por tres abogados. Luego por decisión mayoritaria, deberá resolver si recomienda al plenario rechazar el caso o proseguirlo.

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El avance del impeachment (juicio de destitución) requerirá el apoyo de dos tercios (342 diputados) del plenario Cámara. Al oficialismo le bastan 172 diputados para frenarlo.

"Decorativo"

Rousseff ya había sufrido un duro golpe horas antes con la carta de su vicepresidente y líder del mayor partido de la coalición de gobierno, el poderoso PMDB, dio señales de que puede sumarse a quienes apoyan su impeachment.

Michel Temer envió una carta personal a Rousseff en la que le dice que ha sido tratado como "un vicepresidente decorativo" y que ella nunca confió en él.

La carta no fue comentada por la Presidencia pero tuvo el impacto de una bomba. Ahora, el gobierno y el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff deberán hacer de nuevo las cuentas cuando creían tener votos suficientes en el Congreso para rechazar el juicio político a la presidenta.

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Temer, un abogado constitucionalista de 75 años que sería el sucesor de Rousseff si ésta es apartada del cargo, lanzó también otro argumento que descoloca a la mandataria: sostuvo que la admisión del impeachment promovido por tres abogados tiene sustento legal.

La presidenta asegura que el impeachment que le acusa de mal manejo de las cuentas públicas es improcedente y dice ser víctima de "un golpe" a 11 meses de haber iniciado su segundo mandato.

Guerra declarada

El diputado Silvio Costa, afín al gobierno, dijo que la carta fue "inoportuna". "Si Temer dice que era una figura decorativa en el primer mandato, ¿por qué aceptó ser vice en el segundo mandato?", preguntó.

Pero el diputado Lucio Vieira Lima, del PMDB de Temer, explicó a la AFP que "el vicepresidente estaba muy irritado con una serie de movimientos que hizo el gobierno, queriendo señalarlo como lobbista, conspirador y la carta puso todo en su debido lugar".

La misiva no demoró en centrar la atención de los analistas del mercado en momentos en que Brasil enfrenta su peor recesión en décadas y el largo proceso del impeachment puede paralizar el país y agravar la situación económica.

André Guilherme Pereira Perfeito, economista jefe de la firma Gradual Investimentos en Sao Paulo, dijo advertir "un clima de guerra declarada" entre Rousseff y su vicepresidente que demorará el desenlace de la crisis.

Rousseff quiere que el Congreso suspenda el receso estival -fijado desde el 23 de diciembre hasta febrero- para resolver el tema lo más rápidamente posible y evitar que crezca la insatisfacción popular tras el fin de las fiestas y las vacaciones.

El proceso es largo y complejo y puede dominar durante varios meses la agenda política.

Los partidarios del juicio político calculan que en plena recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y escándalos de corrupción que no paran de ser investigados, la opinión pública posiblemente se volcará a las calles y terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la mandataria.

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