La Corte Federal de Justicia (FCJ) de Australia condenó a la agencia de calificación crediticia Standard and Poor`s (S&P), junto con otras dos entidades de inversión de capital, a pagar a 13 ayuntamientos por recomendar un producto financiero que les provocó pérdidas millonarias en 2008.

Los 13 ayuntamientos, todos del estado de Nueva Gales del Sur, demandaron a S&P, al banco de inversión ABN AMRO y al Servicio Financiero de los Gobiernos Locales (LGFS), argumentando que les engañaron para comprar Obligaciones de Proporción Constante (CDPO), lo que les llevó a perder 30 millones de dólares, informó la agencia de noticias Europa Press.

La presidenta de la FCJ, Jayne Jagot, calificó de "inexacta y engañosa" la información sobre las CDPO, en la que se aseguraba que sólo existía 1% de probabilidades de impago, a pesar de que en los primeros seis meses de crisis la cifra alcanzó 90%, lo que equivale a pérdidas de 16 millones de dólares.

En consecuencia, Jagot condenó a S&P al considerar que engañó a los inversionistas, en este caso a los 13 demandantes, al calificar las CDPO con una "AAA", cuando en realidad se trata de un producto financiero altamente complejo.

Jagot también condenó a ABN AMRO, emisor de los CDPO, por "forzar la calificación crediticia", y a los LGSF por no cumplir su obligación legal de investigar los productos financieros ofrecidos a los gobiernos locales.

La presidenta determinó que cada uno de los demandados deberá pagar un tercio del total de las pérdidas ocasionadas, más los intereses devengados, según informaron la emisora australiana ABC y Europa Press.

El fallo de Jagot supone un punto de inflexión en el panorama judicial que podría acarrear importantes consecuencias para las agencias de calificación crediticia, sobre todo en Europa, donde han hecho perder miles de millones de euros a los inversionistas al adjudicar notas erróneas a los productos financieros.

"Se trata de un duro golpe para las agencias de calificación crediticia, que nunca más podrán esconderse detrás de excusas para eludir su responsabilidad", dijo Amanda Banton, abogada del bufete Piper Alderman, que representan a 12 de los 13 demandantes.

Por su parte, S&P se declaró decepcionada por la sentencia e indicó que presentaría una apelación. "Rechazamos cualquier sugerencia de que nuestras opiniones eran inadecuadas y apelaremos el veredicto de la justicia australiana", dijo un vocero de Standard and Poor's.

Los bonos CPDO, de alto rendimiento, fueron ampliamente promovidos por las calificadoras, que les otorgaban sistemáticamente las notas más altas, pero resultaron un fiasco tras la crisis financiera de 2008.

S&P alegó que había evaluado la solidez de esos bonos con "bases suficientes y con prudencia", pero según la jueza, esos argumentos "no son ciertos y S&P lo sabía" cuando promovía esos títulos.

La calificadora argumentó que la calificación financiera es un arte, no una ciencia y que las notas no constituyen una exposición de hechos, por lo cual no puede considerarse la máxima nota "AAA" como una ausencia total de riesgos.