El Ministerio de Hacienda de Argentina sumará un nuevo estudio de abogados estadounidense para iniciar las negociaciones con los fondos especulativos por las sentencias en contra del país, que ya rondan los 10,000 millones de dólares, informaron voceros oficiales.

El Gobierno de Mauricio Macri lanzó este martes una compulsa pública para que las firmas compitan, pero en el Palacio de Hacienda hicieron saber que hay dos candidatos que pican en punta: los estudios Shearman & Sterling y Watchell, Lipton, Rosen & Katz. Este último es el que prefiere el ministro Alfonso Prat-Gay, siempre según voceros de Hacienda.

Prat-Gay y sus asesores que hoy ocupan despachos en el Palacio de Hacienda critican desde hace años la estrategia de defensa que llevó adelante el gobierno de Cristina Fernández, con la asesoría jurídica del estudio Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, que representa al país desde la década de ?80.

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Cleary Gottlieb, sin embargo, seguirá formando parte de la defensa legal, aunque en un segundo plano. Según la explicación oficial, el bufete cuenta con todo el historial judicial desde el default de la deuda externa y el inicio de las causas contra el país.

Watchell Lipton, el estudio preferido por Prat-Gay, trajina los tribunales de Wall Street desde 1965 y es, según un abogado experto en estos litigios, "uno de los tres mejores estudios para litigios societarios de compra-venta de empresas".

Shearman & Sterling, fundado en 1873, tiene un departamento de deuda soberana que siguió de cerca todo el entuerto entre Argentina y los holdouts. Sin embargo, llegó a representar a fondos que litigaron contra el país.

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La selección del nuevo estudio de abogados es una carrera contrarreloj. El secretario de Finanzas, Luis Caputo, definió la semana pasada un cronograma de negociaciones con los fondos buitre en el despacho del mediador Daniel Pollack, el special master que designó el juez de distrito de Nueva York Thomas Griesa para que Argentina y los litigantes NML Capital, Auerlius, Elliot y otros lleguen a un acuerdo sobre la forma de pago de las sentencias en contra del país. Allí definieron que las conversaciones formales con los litigantes comenzarán la segunda semana de enero.

Caputo volará a Nueva York a reunirse con los fondos buitre con una ley que impide rubricar una oferta superior a las que Argentina hizo en los canjes de deuda del 2005 y el 2010, que aceptaron nueve de cada diez tenedores de deuda en default.

Según estimaciones del equipo económico que diagramó los programas de gobierno de Mauricio Macri, solucionar el litigio con los fondos buitre demandaría una emisión de deuda por hasta 19,000 millones de dólares.

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Por este conflicto, Argentina se ve impedida de pagar regularmente los vencimientos de deuda externa renegociada desde junio del 2014, por un monto acumulado superior a los 2,000 millones de dólares.

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