La Comisión Nacional de Valores (CNV) tendrá poder de policía en la nueva ley de control del mercado de capitales que planea el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El organismo de contralor podrá investigar, pedir allanamientos y denunciar a empresas ante la Justicia y también tendrá facultades para sancionar a los agentes de Bolsa y las calificadoras de riesgo.

Así se desprende de los borradores elaborados por la CNV y el Palacio de Hacienda, y que podrían presentarse al Congreso argentino antes del fin de semana. El martes, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, había adelantado los lineamientos principales del proyecto, que terminará con la autorregulación de los mercados que data de 1968 y concentra el poder de vigilancia y control en la Comisión que preside Alejandro Vanoli.

La iniciativa de reforma permitirá sumar nuevos competidores a las calificadoras de riesgo, como universidades u organizaciones profesionales. La actual legislación sólo permite a sociedades anónimas, registradas como calificadoras, a otorgar ratings a emisiones de valores. El proyecto refuerza, además, el rol de la CNV en materia de autorización de entidades de calificación, seguimiento activo y poder sancionatorio de esta actividad. El objetivo es restarle poder a las calificaciones de las big tree, Fitch, Moody’s y Standard & Poors.

El proyecto que será presentado al Congerso es el más market friendly de las tres versiones que circulan. Fortalecerá el poder de políca de la CNV, que en la actualidad puede investigar y multar a empresas luego de procesos administrativos.

La norma faculta a la CNV a solicitar a la justicia que realice allanamientos para secuestrar documentos o información, previo proceso sumario y sin el requisito de que se llame a audiencia al afectado. Los afectados empresas, sus directores, agentes de Bolsa podrán recurrir a la justicia a reclamar una reparación en caso de daño o supuestos de ilegitimidad. Las decisiones de la CNV, además, podrán ser recurridas ante las Cámaras Federales de Apelaciones en las provincias y en la Capital y no en tribunales ordinarios, como en la actualidad.

Argentina es uno de los pocos casos donde la autoridad regulatoria no puede sancionar a un agente porque el poder disciplinario recae en el Mercado de Valores. Esto no es así en ninguna parte del mundo , dijo Alejandro Vanoli.

La Comisión también fijará las reglas de juego para las calificadoras. Lorenzino y Vanoli dijeron que abrirán el juego a universidades públicas y privadas. Sobre todo, la CNV podrá sancionar a las calificadoras, enemigos recurrentes del Gobierno.

El proyecto también faculta el intercambio de información entre la CNV, la Superintendencia de Seguros, el Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF). Según dos fuentes oficiales, esto no terminará con el secreto bursátil, pero permitirá conocer a los propietarios finales de los títulos de valores.

La UIF, por ejemplo, podrá pedir a la CNV información siempre que haya un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que es un alerta sobre un posible caso de lavado de dinero. Esa información se compartirá entre organismos estatales y sólo podrá hacerse pública si el caso llega a la Justicia.

Según las fuentes consultadas por Cronista, este intercambio de información forma parte de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de dinero y de los requisitos de la Organización Internacional de Comisiones de Valores (Iosco, por su sigla en inglés). La Iosco había advertido a Argentina que podría incluirla en su lista negra si no reformaba su legislación bursátil antes de enero.

"El proyecto prácticamente no circuló por las esferas privadas. No fue consensuado con nadie del mercado. Las dudas recaen en la implementación de todo esto y en el abuso de poder , dijo un directivo del mercado que pidió omitir su nombre. Lo que preocupa es la injerencia que puedan llegar a tener desde el Gobierno en determinadas empresas , agregó otro ejecutivo desde una sociedad de Bolsa.

Las fuentes privadas no criticaron el fin de la autorregulación. Los cambios, en general, creemos que están bien. Así trabaja la SEC, por ejemplo , graficó un directivo, en referencia al organismo de contralor del mercado estadounidense. La idea es proteger al socio minorista, al menos sofisticado, por eso queremos tener un marco regulatorio claro, en función de lo que pase en cualquier lugar del mundo , dijo Lorenzino.

Contenido de la Red Iberoamericana de Prensa Económica