El secretario de Finanzas de Argentina, Luis Caputo, viajó a Nueva York e iniciará el miércoles las reuniones formales con representantes de los fondos especulativos, confirmaron este domingo voceros del Ministerio de Hacienda.

Caputo y los representantes legales de NML Capital, Aurelius y otros fondos se reunirán en las oficinas del mediador que designó el juez de Nueva York Thomas Griesa, Daniel Pollack. Argentina vuelve así a reconocer ese ámbito como el espacio para intentar dirimir el conflicto, luego de que el gobierno de Cristina Fernández desconociera las últimas actuaciones del llamado special master.

Caputo se encontrará en Nueva York con los letrados del estudio Cleary Gottlieb. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, fue muy crítico de la actuación de los abogados e inició un proceso para contratar otro bufete de expertos. Pero esas gestiones demorarán un mes o más. Mientras tanto, la representación legal de Cleary seguirá adelante.

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Cerca de Prat-Gay indicaron que la negociación será larga. En su última conferencia de prensa, días antes de fin de año, el ministro adelantó que el Ejecutivo buscará discutir los intereses punitorios, que elevaron considerablemente la deuda que los fondos buitre le reclaman al país. "Hay cuestiones por limar, como el cálculo de los intereses del fallo", dijo.

La deuda en default reconocida por el juez Griesa asciende a los 10,000 millones de dólares. Se compone por títulos públicos impagos desde el 2001, sus intereses y los intereses punitorios, que surgen de no haber cumplido con esos pagos ni con las sentencias que obligaban a satisfacerlos.

Los intereses punitorios son altos. El economista Miguel Bein, que asesoró a Daniel Scioli en la campaña presidencial, calculó que llegan a 12% anual. Su idea de negociación pasaba por ahí. Según consideró, el país estaba en condiciones de lograr una quita de 30% al recortar estos recargos.

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Hace dos años, el abogado Eugenio Bruno presentó su propia estrategia de negociación, que consistía en reconocer los intereses y pagarlos con bonos que rindieran 4% anual y conseguir una quita de 25% en el capital de los títulos caídos en el 2001. La alternativa cobra sentido ahora porque Bruno es asesor legal de la Secretaría de Finanzas que encabeza Caputo.

Durante la campaña presidencial, los equipos técnicos de la Fundación Pensar calcularon que toda la negociación podría implicar la emisión de bonos por 19,000 millones de dólares para salir definitivamente del default.

Cualquiera de estas opciones implican pasar por el Congreso: una ley votada durante la gestión de Cristina Fernández impide al país mejorar la oferta que se efectuó en las dos ediciones del canje de deuda.

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Pero más allá de la cuestión de fondo, Caputo debe lograr desde el miércoles el compromiso de que los holdouts no intentarán bloquear el repo entre el Banco Central y los bancos internacionales que aportarán entre 6,000 millones de dólares y 10,000 millones de dólares. Si bien Griesa no puede ir contra las reservas del Banco Central de la República Argentina, sí puede sancionar a los bancos si considera que ayudan a Argentina a evadir sus sentencias.

La orden de Griesa, ratificada por la Corte Suprema de Estados Unidos en junio del 2014, impide al país realizar los pagos regulares de deuda hasta no pagar la sentencia. Desde entonces, el país mantiene en el Banco Central 2,000 millones de dólares correspondientes a pagos de bonos emitidos en moneda extranjera.

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