El gobierno argentino cerró enero con un déficit primario (antes de los pagos de la deuda) de 3,766 millones de pesos argentinos, frente al superávit de 16,658 millones de pesos que había registrado el sector público nacional en el primer mes del 2019. Eso implica una diferencia de 20,423 millones de pesos.

El Ministerio de Economía argumentó que el deterioro en el resultado de las cuentas públicas “se debe mayormente a un impulso de la inversión social durante el comienzo del año”.

El pago de intereses generó erogaciones por 87,052 millones de pesos (13.5% más que enero del año pasado), lo que eleva el déficit financiero a $90,818 millones, que, según el Palacio de Hacienda, “resulta equivalente en términos reales al registrado” en el mismo mes del año pasado.

Los ingresos totales aumentaron 40.3% interanual hasta los $395,225 millones, con un aumento de 39.2% de los ingresos tributarios y de 37.6% de los aportes y contribuciones a la seguridad social.

El gasto primario, en tanto, aumentó 10 puntos porcentuales más que los ingresos (50.6%) para llegar a $398,990 millones, lo que representa una aceleración con respecto a diciembre del 2019.

“De este incremento interanual, 80% está explicado por las prestaciones de la seguridad social, que avanzaron 49.3%, y las transferencias corrientes, que lo hicieron a una tasa de 88.7%”, argumentó el Ministerio de Economía.

Según el comunicado del Palacio de Hacienda, esa dinámica “se debe mayormente al impulso de la inversión social: la movilidad de 8.74% otorgada para prestaciones sociales, el bono de $5,000 para 4.5 millones de jubilados y pensionados y la puesta en marcha del programa de tarjetas alimentarias en el marco del Plan Argentina contra el Hambre”.

El Ministerio señaló que también aumentaron sensiblemente ($9,536 millones, 79.8% interanual) las transferencias corrientes a las provincias.

Los subsidios económicos —concluye el comunicado oficial— ascendieron a $30,987 millones (una suba de 76.4% interanual), con una fuerte divergencia entre los destinados al transporte (+34%) y a la energía (+125.5%) como consecuencia, al menos en parte, de la cancelación de deudas correspondientes al ejercicio fiscal del 2019.