Por orden de la presidenta Cristina Fernández y con el reclamo de definiciones que le propinan diversos sectores al interior del kirchnerismo, un equipo de funcionarios trabaja en nuevas alternativas para concretar un desembarco oficial en YPF.

Persiguen dos objetivos: cerrar la compra por la vía negociada de al menos un 33% de la petrolera y dotar al Estado de acciones que lo conviertan en la primera minoría, con preeminencia en las decisiones por encima de sus socios.

La iniciativa que cosecha a su paso incógnitas legales, económicas y comerciales tanto desde la mirada de funcionarios como de empresarios cercanos al Gobierno está sobre el escritorio del viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el del secretario de Energía, Daniel Cameron, una figura apartada de la primera línea de decisión durante los últimos años, que recuperó brillo a partir del avance del Estado sobre YPF. Si bien Cameron tiene ideas propias con respecto al futuro de la ex petrolera estatal, tiene afinidad y actúa en tándem con el economista de La Cámpora.

Las ideas centrales del borrador fueron exhibidas a especialistas en temas corporativos y económicos, técnicos de linaje peronista y funcionarios que les merecen confianza. Por caso, circuló verbalmente en el almuerzo del llamado Club del Petróleo que se realizó este martes.

De acuerdo con fuentes familiarizadas con su texto, implica la declaración de interés público de hasta 35% de las acciones de la empresa. En principio, un 25% corresponderían a las de Petersen, de la familia Eskenazi. Y cerca de un 10% de Repsol. Si esa alternativa se concreta, sería el éxodo de la compañía a la cual llegó en 2008 con la bendición del ex presidente Néstor Kircher. Su salida, de todas formas, aún no reúne consenso.

Si bien la española conservaría al menos un 50% de la empresa, el Estado contaría con cuatro directores, la acción de oro le permite ocupar un sillón adicional en el mayor órgano de decisión y el camino allanado para conducir la empresa.

ENIGMA LEGAL

La alternativa cuenta con otro enigma legal. Por los estatutos de YPF, quien haga una oferta por más de 14.9% de la empresa deberá extender esa propuesta al 100% de las acciones de la compañía, algo que en principio no está en los planes oficiales.

Esa alternativa es considera por los especialistas como un engendro legal. Sin embargo, tanto fuentes públicas como privadas no la tildaron de imposible. Incluso está en estudio algún tipo de impugnación a la compra de acciones que hizo Repsol entre los años 1998 y 1999.

Más allá de los picos de tensión entre YPF y el Gobierno, que llegaron hasta la reversión de áreas petroleras por parte de Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Mendoza y Salta, en el entorno de la Presidenta trabajan en algún tipo de alternativa negociada. De esa manera, la Argentina no quedaría tan mal parada frente a España, que ya mostró su interés por proteger a Repsol, ni México, que tiene intereses en YPF debido a que es accionista minoritaria de la ibérica.

La única opción para negociar es que el Estado pague. Si la propuesta de Kicillof y Cameron triunfa el secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Carlos Zanini, tiene una alternativa que compite, promete una dura discusión por los precios. Ambos proponen pagar al valor de libros de YPF, de $ 18.718 millones. Es poco más de un tercio de los $ 56.440 millones que la capitalización en bolsa de ayer.

Fuentes de trato frecuente con el management español explicaron a El Cronista que Repsol está bien predispuesta a desprenderse de una parte de YPF. Pero a esos valores sería muy difícil justificar la decisión frente a los accionistas.

El Gobierno también debería negociar con los bancos que le dieron crédito a los Eskenazi. Es que las acciones de la familia en YPF están prendadas, y garantizan los préstamos.

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Iberoamericana de Prensa Económica

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