Luego de varios casos de exgobernadores de México acusados de desviar dinero del erario para beneficio personal, las autoridades buscarán acotar el margen a los políticos para que no les sea tan fácil circular recursos procedentes de la corrupción por medio del sistema financiero.

Hace algunos días, este medio informó sobre la intención de la autoridad, en especial de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de preparar reglas sobre cómo las entidades financieras deben abordar el riesgo de la corrupción dentro de sus metodologías de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

“Uno de los retos es abordar el riesgo de la corrupción y estamos elaborando en la CNBV, junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, un área de cómo las entidades financieras deben atender este riesgo”, explicó José Luis Ortiz Guzmán, director general Adjunto de Prevención de Operaciones de la CNBV.

De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el Lavado de Dinero, en México, especialmente en su sistema financiero, la noción de la corrupción, que es una fuente de fondos ilegales propicios para el blanqueo, como una amenaza principal es irregular e insuficiente.

Ortiz Guzmán detalló que en la Evaluación Nacional de Riesgos, que se dio a conocer en el 2016, la corrupción fue clasificada como un riesgo principal para el lavado de dinero; sin embargo, GAFI encontró que las entidades financieras no consideran esto, especialmente en el tema de las Personas Expuestas Políticamente (PEP).

PEP es una clasificación que se les da a aquellos funcionarios públicos que por su función están más expuestos a ser utilizados para blanquear capitales (por ejemplo: los gobernadores) con la finalidad de que las entidades financieras tengan una debida diligencia para mitigar los riesgos que estas personas representen.

Pese a que la corrupción es un elemento de alto riesgo para el blanqueo, la mayoría de las entidades no clasifica a las PEP en el mismo nivel de riesgo, lo que genera incongruencia.

“Es incongruente el hecho de que la Evaluación Nacional de Riesgos nos señale que existe un riesgo alto de corrupción y por otro lado (las instituciones) no estén clasificando a los clientes PEP como de alto riesgo”, explicó Ortiz Guzmán.

Para GAFI, el hecho de que la mayoría de las instituciones financieras califique el riesgo de lavado de las PEP como bajo, es un reflejo de su falta de comprensión de la amenaza del blanqueo de recursos provenientes de la corrupción.

Es por ello que en el segundo trimestre del año, las autoridades buscarán guiar a las instituciones financieras para abordar el tema de la corrupción dentro de sus metodologías de prevención de lavado, lo que también significaría acotar el margen a aquellos funcionarios que busquen desviar recursos del erario para su beneficio personal por medio del sistema financiero.

GAFI también ha señalado como un desafío que las instituciones financieras identifiquen las relaciones comerciales u operaciones que involucran a las PEP como beneficiarios finales.

“Las entidades no tienen obligación de determinar si el beneficiario final de un cliente es una PEP (...) Esta brecha en el encuadre, combinada con las deficiencias en la identificación de los beneficiarios finales, dificulta que las instituciones financieras identifiquen a las PEP nacionales que usan agentes y que monitoreen sus actividades”.

En el 2017 se emitieron unas disposiciones respecto a la elaboración de matrices de riesgo, las cuales también prevén la identificación del cliente final de una operación, por lo que también las PEP estarán sujetas a una mayor supervisión al respecto.

fernando.gutierrez@eleconomista.mx