El fiscal general de Brasil investiga las acusaciones de que un poderoso legislador recibió sobornos para ayudar a que se otorgaran contratos para la construcción de sedes y otras obras para los Juegos Olímpicos del próximo año en Río de Janeiro.

En documentos obtenidos por The Associated Press, el fiscal general Rodrigo Janot acusa a Eduardo Cunha, portavoz de la mayoría en la Cámara de Diputados de Brasil, de recibir 1.9 millones de reales (475,000 dólares) de la compañía de construcción OAS para redactar legislación favorable a la empresa.

Cunha ha dicho a medios locales que las acusaciones son ridículas . OAS rehusó comentar.

La investigación es la primera sobre corrupción en los proyectos olímpicos, que han costado al país miles de millones de dólares.

OAS está involucrada en la construcción de las sedes de BMX, ciclomontañismo y canotaje en Deodoro, en el norte de Río, el segundo conjunto más grande de sedes olímpicas.

La empresa también está encargada de la construcción de carriles expreso para autobuses, el proyecto de remodelación del puerto de Río a un costo de 8,000 millones de reales (2,000 millones de dólares), y obras para limpiar las contaminadas aguas en Barra da Tijuca, la zona donde se construye el principal parque olímpico.

Ante una solicitud de la AP, el COI refirió las preguntas sobre el caso a los organizadores locales, que a su vez no respondieron de inmediato.

Según el sistema legal brasileño, el fiscal es más que nada un investigador y depende de un tribunal en este caso, la Corte Suprema aceptar el caso.

En el informe de 190 páginas, Janot dice que Cunha manejó a la Cámara de Diputados como un centro para intercambiar legislación por sobornos .

El informe indica que Cunha promovió legislación aprobada en el 2012 que otorgó exenciones contributivas a todas las obras de construcción relacionadas con los Juegos, y que eximió de contribuciones a algunos bienes importados necesarios para los Juegos.

La rama ejecutiva del gobierno brasileño calculó que las exenciones contributivas sumaron 3,800 millones de reales (1,000 millones de dólares).

Al menos desde el 2012, Eduardo Cunha ha actuado ilegalmente a nombre de las corporaciones, ‘vendiendo’ legislación para beneficio de ellos , indica el informe. Eso demuestra que no puede seguir en su cargo .