Un conflicto sindical desatado al transitar por las reglas democráticas que ordena la reforma laboral resuelto con un tratado comercial internacional. México se comprometió a un plan de 20 puntos para reparar los derechos denegados a trabajadores y trabajadoras de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato. Este acuerdo es histórico, considera el laboralista Alfonso Bouzas Ortiz.

Israel Cervantes Córdova, extrabajador de esa planta y líder de grupo disidente Generando Movimiento, tiene sus reservas respecto al cumplimiento del acuerdo, aunque recoge parte de lo que pidieron. “Dudo mucho que la empresa y el sindicato Miguel Trujillo López vayan a actuar de manera democrática, porque nunca lo han hecho”, señala en entrevista.

El 12 de mayo el gobierno estadounidense utilizó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México Estados Unidos y Canadá (T-MEC) e inició una queja contra GM Silao. Pidió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador investigar si en la votación para legitimar el CCT se habían violado derechos sindicales.

El antecedente inmediato de esa queja se ubica en “el hostigamiento que vivieron los trabajadores de la planta por parte de la empresa y del sindicato para votar a favor del contrato”, recapitula Israel Córdova. Pero la historia es más larga: “Llevamos años pidiendo democracia sindical y a quienes lo exigimos, nos corrieron”, agrega.

Este jueves el gobierno mexicano dio a conocer de manera parcial la resolución que alcanzó con el de Estados Unidos respeto a esa queja. Pero la STPS ya había acreditado “irregularidades graves que afectaron el desarrollo y resultados de la votación”.

El plan busca dotar a los trabajadores de la posibilidad para legitimar su contrato “en condiciones libres y democráticas y para remediar la denegación de derechos de libre asociación y negociación colectiva”, señaló la Secretaría de Economía en un comunicado (SE).

Las tres convergencias

“Es una primera resolución histórica. A partir de un tratado de comercio internacional se toma el tema el trabajo como una de las variantes fundamentales para todo comercio, y obviamente para el mercado internacional”, comenta Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Este es “el primer paso para la transformación de las relaciones laborales en México, ahora los trabajadores son quienes tienen la última palabra”.

Pero para llegar a este punto, en el que trabajadoras y trabajadores denunciaron irregularidades en la votación y su reclamo fue atendido, debieron converger tres esferas, reflexiona el Doctor en Derecho: la reforma laboral, el T-MEC y el cambio de gobierno.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) era un tigre sin dientes en materia laboral, señala el académico. Derivado de esa experiencia, en este pacto comercial se incorporaron mecanismos para vigilar los derechos laborales.

La reforma laboral, por su parte, tiene como uno de sus principales objetivos devolver el poder a las trabajadoras y los trabajadores y democratizar los sindicatos, continúa.

Este nuevo régimen de gobierno ha tenido que ver también, agrega. En el gobierno de Enrique Peña Nieto se reformó la Constitución “porque no le quedó de otra, porque la presión internacional lo obligó”.

Pero luego él, junto con otras personas especializadas en materia laboral empezaron a trabajar en la reglamentación de esa modificación. “Lo pensábamos con temor, porque el aparato tiene sus mecanismos para aplastar”. Ese cambio a la Ley Federal del Trabajo se concretó en esta otra administración.

Las personas trabajadoras en México cuentan con esas tres armas, pero habrá que ver de qué manera pueden activarlas. “Silao es un laboratorio para que, cada quien desde el escenario en el que se encuentre, observe el cumplimiento” de la reforma y del T-MEC, dice el abogado, quien lleva décadas en la lucha por el reconocimiento y cumplimiento de los derechos laborales.

Algunos de los acuerdos

Según el comunicado de la SE, México se compromete a asegurar que el nuevo voto de legitimación se realice a más tardar el próximo 20 de agosto. También a que:

  • Inspectores de la STPS acudan a la planta a partir de esta semana “para prevenir y atender cualquier intimidación o coerción”
  • Garantizar la participación de la OIT como instancia observadora del proceso así como de otra organización mexicana
  • Establecer una línea telefónica y correo electrónico para denuncias

Y otro punto importante: “Investigar y, de ser apropiado, sancionar a cualquier persona responsable de la conducta que llevó a la suspensión del voto de abril y de cualquier otra violación de la ley relacionada con dicho voto”.

Para Israel Cervantes las medidas son buenas, “pero eso que dicen que van a respetar la democracia y la libertad no es así. Desde hace varias semanas la Confederación de Trabajadores de México (CTM) —a la que pertenece el sindicato Miguel Trujillo López— está tratando de convencer a los trabajadores. Esta semana les regaló carteras por el día de la madre y el día del padre. Es una vergüenza eso que están haciendo”.

Una de las causas de este conflicto es el rechazo de los trabajadores a la CTM, dice Alfonso Bouzas. En este proceso también “se va a detectar la manipulación por parte de la empresa y la forma como la empresa se sirve de la dirección sindical”.

Si al final de la votación los trabajadores rechazan a este sindicato que les representa, mediante el “no” al CCT, “hay que preguntarnos por qué. Y llegaremos a la conclusión de que los mecanismos que han utilizado para legitimarse a sí mismos eran la razón y que han hecho un daño social muy grande”.

Sin duda, apunta el coordinador del OCRL, este proceso que ahora tiene nombre de Silao representa en realidad “un cambio cultural en el que el fraude y la simulación pasarán a la historia y el ciudadano de a pie reivindique la honestidad. Ése es el objetivo último de las reformas, no nada más laboral, sino de política general, que nuestro país necesita”.