El pleno del Senado aprobó la noche de este viernes, y en fast track, la extensión de los plazos transitorios de la reforma de subcontratación hasta el 1 de septiembre, otorgando un mes adicional para que las empresas se regularicen y cumplan con las nuevas disposiciones.

Con la decisión de la Cámara Alta concluyó el trámite legislativo para la prórroga en la implementación de la reforma de subcontratación en las empresas y se cerró el debate en torno a esta materia, discusión que se revivió con la presentación de dos iniciativas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, una de Morena para ampliar los plazos hasta el 1 de septiembre y otra del PAN para extenderlos hasta el 1 de enero de 2022.

Los senadores aprobaron el dictamen con 85 votos a favor y 22 en contra. De esta manera, las disposiciones fiscales entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre, fecha desde la que ya no se podrán deducir las facturas por concepto de suministro de personal, ese mismo día será el tiempo límite para registrase ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) como prestador de servicios u obras especializadas y, para realizar la sustitución patronal sin la condición de transferir bienes.

El dictamen avalado por el Senado ratificó el argumento de la Cámara de Diputados para otorgar sólo un mes más a las empresas para regularizarse, pues una prórroga más larga “iría en contra del espíritu” de la reforma de subcontratación porque se podría dar paso a mantener violaciones de derechos laborales, una situación que se busca erradicar con el nuevo marco legal.

Sin embargo, los legisladores reconocieron que muchas empresas han mostrado disposición para cumplir y han expresado la necesidad de contar con un plazo mayor para cumplir con las nuevas obligaciones. “En un ánimo de cordialidad, entendimiento y apertura, se considera que ampliar un mes el periodo realizar todos los ajustes que esta reforma conlleva y, así, apoyar tanto a las empresas, como a sus trabajadores”, se destaca en el dictamen aprobado.

Durante la discusión general, la senadora Kenia López Rabadán (PAN), autora del proyecto para extender la prórroga hasta el 1 de enero de 2022, consideró que el plazo de un mes aún es insuficiente para todos los cambios que deben realizar las empresas y se pone en riesgo el empleo de millones de personas. La legisladora resaltó que la reforma tiene un objetivo importante, garantizar los derechos laborales de la fuerza de trabajo, pero su transición no es sencilla porque convergen disposiciones de diversas materias y su implementación involucra a varias instituciones gubernamentales.

El 1 de agosto entraban en vigor las disposiciones fiscales de la reforma y el 25 de agosto vencía el plazo para inscribirse al Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) operado por la STPS, ambos plazos serán también extendidos al 1 de septiembre, al igual que la sustitución patronal, que su fecha límite era el 25 de julio.

Los trámites de seguridad social fueron aplazados indefinidamente por el Consejo Técnico del IMSS hasta en tanto el Congreso de la Unión discutiera el ajuste legal al esquema de transición.

En diversas ocasiones la iniciativa privada pugnó por ampliar los plazos ante las dificultades detectadas durante el proceso de regularización y por los cambios internos que deben realizar las compañías.

En el dictamen aprobado, los legisladores reconocieron la necesidad de adecuar el marco jurídico para conceder un plazo mayor a las empresas para concluir con los trámites que conlleva la implementación de la reforma.

“Se considera adecuado realizar la ampliación de los plazos referidos, con el propósito de generar condiciones tácticas propicias tendentes al cumplimiento de las obligaciones dispuestas en el marco jurídico vigente”, refiere el dictamen.