Cúrate las heridas, dale la vuelta a la página, cierra el capítulo, le han dicho a la exsecretaria de Gobernación, ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta de la mesa directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, cada que habla sobre la desvalorización a su trabajo cuando fue la encargada de la política interna del país. Y del otro lado del estrato social, el constante cuestionamiento a las trabajadoras del hogar es: “¿Y si es cierto, por qué no denunciaste?”, cada vez que señalan la violencia que padecen en su empleo.

Esa violencia “nos provoca hematomas, fracturas, dolores crónicos, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual (ETS), problemas digestivos, pesadillas o insomnio, padecimientos cardiacos, ansiedad y depresión”, dijo Norma Palacios, secretaria colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar (Sinactraho). Las declaraciones de la senadora y de la líder sindical fueron pronunciadas ayer en el foro Trabajando en unidad contra la violencia y el acoso en el Trabajo: Ratificación del Convenio 190 de la OIT.

El encuentro fue convocado por las comisiones para la Igualdad de Género y de Trabajo de la Cámara Alta. El objetivo fue discutir la ratificación de dicho pacto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual aborda la violencia y el acoso en el ámbito laboral.

Desde hace varios meses, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha promovido su ratificación, consultando a empleadores, academia, sindicatos e instituciones del gobierno que estarían involucradas en su cumplimiento, informó la titular de la dependencia, Luisa María Alcalde.

“En el Senado, estamos listas para la ratificación”, dijo la senadora Patricia Mercado Castro (MC). Es urgente que suceda, coincidieron trabajadoras y académicas. “No ratificarlo antes que otro país no es tan malo”, expresó Fernando Yllanes, de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Comienza otra vez el estire y afloje

La senadora Sánchez Cordero adelantó que le pedirá formalmente a la Secretaría de de Relaciones Exteriores (SRE) que envíe el convenio para que el pleno cameral lo ratifique.

En 2019, la Conferencia General de la OIT, conformada por la representación empresarial, sindical y gubernamental de los países miembro, adoptó el documento.

Ratificar el Convenio 190 implicaría, por ejemplo, que las empresas reconozcan que la violencia doméstica o las agresiones que padecen los grupos discriminados —como mujeres, migrantes, indígenas, población LGBT+, afrodescencientes o personas con discapacidad— repercuten en el trabajo y por lo tanto, deben hacerse cargo.

En aquella votación para adoptarlo, la parte empleadora de México prefierió no dar su voto a favor, sino abstenerse. Ayer, Fernando Yllanes pidió que el convenio sea una guía para ir avanzando, pero que no sea ratificado por ahora porque sería “pésimo” no cumplir lo que dicta. Antes hay que evaluar el impacto para las pequeñas y medianas empresas, argumentó.

“Yo propondría: vamos a ratificarlo”, y la implementación se acordaría en diálogo social, gestionó Patricia Mercado. El convenio ya fue aprobado, no ratificarlo es ya un incumplimiento, explicó.

Repercusiones legales del convenio

El convenio define a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas”. Y reconoce que todas las personas pueden ser víctimas, pero “afectan de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas”.

Una de las discusiones más importantes en la Conferencia General de la OIT fue por incluir que la violencia no sólo se ejerce en el centro de trabajo, recordó la senadora Patricia Mercado. Incluye muchos otros espacios fuera, así como las comunicaciones electrónicas y algo muy relevante: “Necesitamos medidas de protección y defensa en los traslados” de casa al trabajo y de vuelta al hogar. “El sector empresarial se pregunta cómo le va a hacer. Tenemos que sentarnos a ver cómo concretarlo”.

Y qué pasa cuando por violencia doméstica las mujeres “tienen que irse a un refugio, pues es la medida que las autoridades de justicia le dictan porque su vida está en peligro. ¿Se le van a pagar esos días?, ¿quién responde, la seguridad social, la empresa?”. Al ratificar el convenio, se tiene que implementar un mecanismo porque no se pueden quedar sin trabajo, apuntó la legisladora feminista.

Estefanía Vela, directora ejecutiva de la organización Intersecta, explicó que se tendrían que reformar las leyes laborales. Especialmente las que regulan a las personas que laboran al servicio del Estado, pues dicha legislación se refiere más a las responsabilidades administrativas y casi nada a los derechos laborales.

El Convenio 190 indica que la violencia y el acoso pueden ocurrir de manera sistemática o una sola vez. Y contempla las acciones que causen, o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico. En México, para “demostrar un perjuicio, prácticamente tienes que ser la víctima rota para que se crea que pasaste violencia”. Pero el pacto indica que si esta vez no se te generó un daño, eras susceptible de que pasara y por eso debe haber una medida, explicó la abogada.

Impone la obligación de vigilar la violencia con cualquier persona con que el personal entre en contacto por motivos de trabajo, indicó. Por ejemplo, clientes o proveedores. Otro agregado sustancial son las medidas de reparación. La legislación mexicana está enfocada en la sanción y las empresas “no cumplen con su obligación” de no tolerar la violencia y el acoso “solamente expulsando” a quien cometió esos delitos.

La activista hizo hincapié en que se ha legislado contra el acoso sexual, incluso en el trabajo, “pero se ha dejado de lado la violencia física, que es mucho mas común de lo que imaginamos” y la padecen hombres y mujeres.

El reto de la inspección

Uno de los principales retos de la implementación del Convenio 190, indicó Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la STPS, es que “la inspección federal no tiene atribuciones para incidir” en el sector informal, que está conformado principalmente por mujeres.

Sin embargo, en empresas o centros de trabajo constituidos legalmente, el acoso y hostigamiento laboral y sexual sí pueden ser abordados desde la salud y seguridad en el trabajo, porque son factores de riesgo psicosocial. O también desde él ámbito de las condiciones generales de trabajo, que son facultades de la inspección federal.

Pero lo más complicado, quizá, sea la inspección en los hogares donde laboran trabajadoras del hogar. Por ello, el Sinactraho solicitó la creación de un cuerpo especializado para realizar este tipo de verificaciones, pues las violencias que padecen son graves y se esconden tras el derecho a la intimidad de un domicilio.

Norma Palacios enumeró algunas de las violencias que experimentan las trabajadoras del hogar: aislamiento, encierro a discreción, privación de alimentos o cobros por la comida, tareas que no estaban acordadas, jornadas de más de ocho horas sin pago extra, exposición a sustancias tóxicas sin protección, golpes, patadas, pellizcos, empujones, agresiones sexuales, acusaciones falsas de robo u otras acciones, despidos al exigir respeto, bajos salarios o retraso de pagos, trabajo infantil y abuso de trabajadoras migrantes.