Respirar, hasta hace unos meses, le era tan natural. Desde que enfermó de covid-19, Antonio Galván se esfuerza por tomar aire, pero sus pulmones no responden a la angustia de la asfixia. Ha regresado al trabajo con una prescripción de nebulizaciones y ansiolíticos, y sin el apoyo para afrontar su condición por parte de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, ni de su sindicato.

“Han fallecido al menos 19 compañeros, quienes se contagiaron en la empresa por falta de protocolos contra la pandemia”, dice Israel Cervantes Córdova, líder de Generando Movimiento, una agrupación de trabajadoras y trabajadores disidentes al sindicato Miguel Trujillo López. “¿Cómo es posible que una compañía de nivel mundial sólo les diera un atomizador y un trapo para limpiar su área? Pero ahora ya ni eso les da”, agrega.

Personal organizado de esa planta ha denunciado violaciones a sus derechos sindicales no sólo por parte de GM, sino también de la dirigencia del gremio. A esas acusaciones se suman los reclamos por no prevenir brotes de coronavirus al interior, ni de crear una política para atender a quienes padecen las secuelas de la enfermedad covid-19 y han vuelto a trabajar.

“Muchos compañeros se enfermaron, pero no podían faltar, aunque tuvieran los síntomas, si no llevaban los resultados de la prueba”, cuenta en entrevista Antonio Galván. El trabajador ha pedido proteger su verdadero nombre por temor a represalias, sobre todo, en un momento difícil para el movimiento laboral dentro y fuera de esa planta.

El conflicto sindical

GM enfrenta una queja laboral interpuesta por el gobierno estadounidense, dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El 12 de mayo, mediante el Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR), pidió a México investigar una posible violación a los derechos sindicales durante el proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo (CCT).

La votación para avalar o rechazar el CCT se llevó a cabo el 20 y 21 de abril. Días antes “el sindicato nos mandaba a llamar y nos decía que votáramos por el sí para no perder los beneficios. ‘Apóyenos con el sí’, nos decían”, relata Antonio Galván. Antes de esas reuniones no habían tenido otras. No al menos en los seis años que lleva en esa planta.

El sindicato Miguel Trujillo tiene la titularidad del CCT. Pertenece a la Confederación de Trabajadores del México (CTM), una organización ligada históricamente al PRI, y es liderado por Tereso Medina, un político que “nunca ha trabajado en esta empresa, que no tiene nada que ver con nuestro sector, pero que ha negociado por nosotros”, se queja Israel Cervantes.

Pero el proceso de legitimación fue anulado “tras acreditarse irregularidades graves que afectaron el desarrollo de la consulta y los resultados de la votación”, como lo señala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un comunicado.

Aunque la primera respuesta de la dependencia a la queja de Estados Unidos fue fijar el 11 de junio como la fecha límite para reponer las votaciones, ha ampliado el plazo hasta el 20 de agosto.

Falta la resolución sobre la queja de Estados Unidos en contra de la empresa, “que lleva años metiéndose en cuestiones sindicales para favorecer a este sindicato”, señala Cervantes. Él y otros 17 trabajadores que exigían la democratización sindical fueron despedidos por GM en 2019.

¿Quieres más ayuda?

Al principio de la pandemia, “limpiaban bien, hasta usaban guantes. Parábamos operaciones antes para dejarle limpio al siguiente turno. Conforme pasó el tiempo, dejaron de hacerlo y la sana distancia no se respetaba”, narra Antonio Galván.

Se había sentido afortunado por no contagiarse de covid-19, a pesar de que varios compañeros y compañeras habían enfermado e incluso muerto. “A las familias de los fallecidos les dieron una ayuda funeraria de 750 pesos. Eso es una verdadera mentada de madre. Disculpe, pero no es posible que una empresa que genera tanto dinero haga eso”, dice Israel Cervantes.

Tan sólo en el primer trimestre de 2021, GM generó más de 32,000 millones de dólares a nivel mundial. Casi el 80% de las exportaciones de Guanajuato provienen de la industria automotriz.

“Me contagié en enero y estuve 15 días internado”, dice Antonio Galván. A casi cada palabra le sigue una dificultosa bocanada de aire. “Me dieron de alta y el resto del tiempo permanecí con oxígeno en casa”. Al final pasó casi tres meses sin trabajar.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) calificó su enfermedad como general, no de trabajo. Cuando Antonio comenzó a sentirse mal acababa de empezar sus vacaciones. Pocos días antes tuvo contacto con un compañero quien sospechaba tener covid y se había presentado para avisar de sus síntomas, pero se tuvo que quedar porque no se hizo la prueba.

Durante esos tres meses, el instituto sólo cubrió el 60% de su salario. “Cobraba como unos 900 pesos a la semana, un poquito más, porque como estoy pagando mi crédito Infonavit, gano unos 1,600 pesos semanales”.

Y la cuenta, también semanal, de los medicamentos a veces superaba los 4,000 pesos. “No todas las medicinas las tenían en el IMSS y además necesité oxígeno en la casa, así que una vez sí le pedí ayuda al sindicato y me dieron 500 pesos. Pero fue el único apoyo que me quisieron dar”.

Sus pulmones y su sistema inmune no funcionan como antes. En estos momentos, de nuevo se encuentra de incapacidad porque le dio neumonía. Tras casi 20 días de esta última baja, en el Módulo de Atención Respiratoria del Seguro Social ya lo dieron de alta. “Pero el médico particular que me ha atendido desde que me enfermé me dijo que sigo muy mal”.

Le cuesta jalar aire y retener recuerdos. “Es una desesperación muy fea, no puedo respirar y tengo pérdida de la memoria, es algo horrible que no se acaba. Todo esto le ha desencadenado cuadros de ansiedad, por lo que en el IMSS le recetaron clonazepam, un ansiolítico.

“Ando como drogado. Me lo tomo nada más en la noche, pero cuando despierto me siento muy mareado”. Los efectos de ese fármaco ya le causaron una caída: “Iba llegando al trabajo y no pude sostenerme, sentí que todo se movía y caí”.

Desde su regreso, ha tenido que pedir varios permisos para atenderse en consultorios particulares, lo que ya le causó problemas con su supervisor o Líder de Equipo (Led). Lo ha amenazado con cambiarlo de área de producción y ha reportado sus inasistencias como faltas injustificadas, aunque Galván ha pedido esos días a cuenta de sus vacaciones.

“En el IMSS me mandaron con un psicólogo, así que necesitaré días para ir a mis consultas. Le comenté al sindicato para que me ayudara y no tener más problemas”. Pero la respuesta que recibió fue un cuestionamiento: “¿quieres más ayuda? Ya te hemos ayudado mucho”.

Nuestra prioridad es la seguridad: GM

En respuesta a las declaraciones de los trabajadores de GM, la empresa afirmó que se han implementado todos los protocolos de prevención del covid exigidos por las autoridades sanitarias y que incluso el complejo en Silao fue una de las tres plantas automotrices en México en las que el IMSS implementó el piloto del programa de retorno seguro después de los meses de suspensión de las actividades económicas esenciales por la pandemia el año pasado. Medidas que se mantienen hasta hoy.

"En General Motors nuestra prioridad es mantener la seguridad de nuestros empleados y de las personas que visitan nuestras instalaciones. Durante 2020, a inicios de la pandemia por covid-19, implementamos un estricto protocolo de seguridad sanitaria, apegados a las pautas y recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, e incluso en algunos casos van más allá de las prácticas recomendadas", expresó la compañía.