El PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma para que las personas trabajadoras estén obligadas a vacunarse en caso de epidemia grave, como la pandemia de covid-19. Si no quieren recibir la inmunización, tendrían que realizarse continuamente pruebas y pagarlas de su bolsillo, señala la propuesta del diputado Gerardo Peña Flores.

El debate sobre el retorno laboral o las contrataciones condicionadas a la vacunación no se ha zanjado en México. Lagunas legales que podrían permitir el despido de quienes no quieran inmunizarse y el ejemplo de otros países, como Estados Unidos, que obligan a las trabajadoras y los trabajadores a contar con el cuadro completo, vuelven a traer el tema a la agenda pública.

Cerca del 85% de la población adulta en México tiene al menos una dosis de la vacuna contra la covid-19, según la Secretaría de Salud (SSa). Y 29 de las 32 entidades se encuentran en semáforo verde, lo que significa que todos los sectores económicos se han reactivado, aunque no a la capacidad previa a la pandemia.

En los meses de abril a junio de 2020, cuando las medidas de confinamiento fueron estrictas para las actividades consideradas no esenciales, más de 12 millones de personas no pudieron seguir trabajando. Desde entonces, la recuperación en el empleo ha ido mejorando, aunque en meses como agosto y septiembre de este año hubo un retroceso.

“El escaso acceso a las vacunas significa que la lucha contra la pandemia seguirá dependiendo de medidas como el cierre de los lugares de trabajo y de la paralización de las actividades”, señala la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el documento Llamamiento mundial a la acción, publicado hace unos días.

Lo que dicen las leyes y la propuesta

Para el diputado panista, el Poder Legislativo le debe dar certidumbre legal a “los empresarios micro, pequeños y medianos, ya que son quienes impulsan la economía nacional”. Pero en México no se sabe “con precisión si una persona empleadora pueda exigir la aplicación de la vacuna a sus trabajadoras y trabajadores”.

La fracción XII del artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala como causa de despido sin responsabilidad para la empresa que el trabajador se niegue “a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades”.

El legislador reconoce, sin embargo, que esa norma “no es exactamente aplicable para exigir en forma obligatoria la vacuna contra la covid-19”.

La Ley General de Salud, en el artículo 408, indica que las autoridades sanitarias ordenarán la vacunación como medida de seguridad en diferentes casos y la inmunización será obligatoria para toda la población. Algunos de esos supuestos son:

  • En caso de epidemia grave
  • Peligro de invasión de dichos padecimientos en el territorio nacional
  • Cuando lo marquen las disposiciones internacionales aplicables
  • Ante el riesgo de emergencia o aparición de nuevas enfermedades transmisibles

Ante la falta de reglas claras, es necesario “equilibrar el derecho de una persona trabajadora a no vacunarse con el derecho a la salud de terceros”, expone el diputado. Propone entonces que empresas y el resto del personal no discriminen a quien no quiere recibir la dosis. Pero a cambio, esas personas deben demostrar “que no se es portadora de una enfermedad como el caso de covid-19”.

De aprobarse su iniciativa, el artículo 134 de la LFT, sobre las obligaciones de los trabajadores y las trabajadoras, especificaría que en el caso de emergencia sanitaria las personas deberán vacunarse. Si optan por no hacerlo, tendrán que aplicarse pruebas de no contagio con la regularidad que lo estipulen los especialistas. “En el caso de que se trata de exclusiva voluntad por no vacunarse, el patrón podrá abstenerse completamente de pagar las pruebas médicas correspondientes”.

¿Qué se está haciendo en otros países?

La propuesta del diputado del PAN se asemeja a la Norma Temporal de Emergencia (ETS, por sus siglas en inglés) que el gobierno de Joe Biden anunció también este este jueves. El plan establece que, a partir del 4 de enero, quienes trabajen en empresas de más de 100 personas deberán tener la vacuna o someterse a pruebas cada semana.

La ETS cubrirá a dos tercios de la fuerza laboral del sector privado de la Unión Americana, es decir, más de 84 millones de personas. Con esa medida, el gobierno estadounidense estima que “evitará más de 250,000 hospitalizaciones debido a la exposición a la covid-19 en el lugar de trabajo”.

Los empleadores tendrán que determinar el estado de vacunación del personal y mantener esa información en un registro y exigirle que notifique con prontitud cuando den positivo a covid-19. Así como supervisar que entreguen sus pruebas semanalmente.

La disposición indica que, según algunas otras leyes, reglamentos, convenios colectivos, las empresas podrían pagar las pruebas, pero no las caretas o cubrebocas.

Otros gobiernos han resuelto obligar a las trabajadoras y trabajadores a ponerse la vacuna. En Canadá, el primer ministro Justin Trudeau determinó la inmunización obligatoria para quienes laboran en la burocracia federal. Muchas empresas en dicho país están tomándolo como ejemplo para hacer lo mismo con sus plantillas.

Hay que recordar que esos dos países compraron vacunas para inmunizar varias veces a su población, por lo que disponen holgadamente de las dosis. El acaparamiento dejó a muchas otras naciones a la espera de que se fabricaran más para que les surtieran o a donativos, ante la falta de recursos para adquirirlas.

En febrero de este año, António Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), dijo que la distribución de las vacunas contra la covid-19 estaba siendo “tremendamente desigual e injusta”, pues en ese entonces 10 países ya las habían aplicado al 75% de su población.

Rusia y Francia han impuesto la vacunación sólo a ciertos grupos. Empresas como Google o Facebook también han exigido dicha medida para su personal.

En Argentina, el gobierno permitió, desde abril, que las empresas le demanden a sus colaboradores tener la vacuna para regresar a la modalidad presencial. En el congreso colombiano también ha habido intentos para reformar sus leyes y establecer la obligatoriedad de los trabajadores y trabajadoras de contar con la vacuna para volver al centro laboral.